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Imputados una decena de policías por la trama de cobro ilegal de tasas

Los agentes, que declararán por un supuesto delito de cohecho, son de la unidad motorista. Entre ellos hay dos mandos.

el 01 dic 2011 / 11:20 h.

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La investigación iniciada en septiembre de 2009 por una supuesta trama de cobro ilegal de tasas en la Policía Local ha provocado que una decena de agentes locales y dos personas ajenas al cuerpo sean citados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 8 por un supuesto delito de cohecho. Entre los implicados, que actuaban supuestamente de forma aislada y al margen de la unidad motorista a la que pertenecían, hay dos mandos, un inspector y un subinspector; y dos de las personas que recibieron distinciones en el último Día de la Policía Local, ambas de la misma familia. Entre las empresas investigadas se encuentra la sociedad Grúas Lozano, según varias fuentes. Todos están citados a declarar los días 7 y 8 de febrero.

Estas citaciones son el resultado de una investigación, adelantada por este periódico el pasado mes de marzo, que se inició en septiembre de 2009 a raíz de la detención de un agente de Policía Local en el marco de una investigación de tráfico de droga. Las escuchas y los registros realizados entonces al policía abrieron otra línea de indagaciones completamente distinta y centrada en el cuerpo de Policía Local. Para esclarecer los hechos, se creó una unidad interna encargada a un oficial y a dos agentes, bajo la supervisión del entonces jefe de Policía, José Aulet. Por esta unidad pasaron a declarar como testigos más de una treintena de agentes y se incautaron media docena de ordenadores, que fueron registrados.

La investigaciones buscaban esclarecer si se habían producido irregularidades en la gestión de un servicio municipal : la tasa por prestación de servicios de grandes transportes y paso de caravanas. Esta prestación consiste en que al organizar el desplazamiento de un vehículo de gran tonelaje por la ciudad se requiere un dispositivo policial de escolta y desvío de tráfico que tiene un coste aproximado de 100 euros, según confirmaron algunas empresas del sector. Las escuchas y los registros revelaron indicios de que un grupo de agentes, de forma aislada, prestaban estos servicios sin autorización, fuera de los horarios de trabajo y de paisano o usando los uniformes de forma indebida. El dinero que abonaban las empresas supuestamente no llegaba al Ayuntamiento , ya que los pagos se negociaban entre los agentes y la empresa. En los primeros indicios de la investigación se llegó a barajar la posibilidad de una irregularidad de hasta medio millón de euros. En 2009, por ejemplo, sólo se recaudaron formalmente por este concepto 2.500 euros. En 2010, fueron 10.000.

La investigación se ralentizó durante meses debido al fallecimiento de una de las personas responsable de la unidad, supuestamente la encargada de la recaudación. Sin embargo, siguió avanzando y finalmente se han producido las primeras citaciones judiciales que afectan a una decena de agentes. Nueve, según fuentes judiciales. Diez, según fuentes policiales. Entre ellos hay dos personas con cargos de mando: un inspector y un subinspector. Según fuentes policiales, dado que están sólo citados a declarar en calidad de imputados, mantendrán sus puestos. Desde el Ayuntamiento no aclararon si se tomarán medidas contra estos agentes. Al menos dos de ellos fueron homenajeados por su jubilación y por su vinculación al cuerpo durante años en los actos del Día de la Policía Local de Sevilla.

Además de los agentes hay otras dos personas citadas a declarar como imputadas, y al menos una de ellas está vinculada con empresas del sector de grandes grúas y transporte de mercancías pesadas. Varias fuentes consultadas apuntaron a la empresa Grúas Lozano. Desde esta sociedad afirmaron que "al estar la investigación judicial en marcha no harían declaraciones sobre lo ocurrido". Todas estas personas han sido citadas a declarar los próximos días 7 y 8 de febrero por la titular del Juzgado número 8, Carolina Herencia por existir indicios de un posible delito de cohecho. En caso de que la juez considere que hay suficientes pruebas como para sentar a los agentes en un banquillo, sería un tribunal popular el que los juzgaría, aunque por ahora la investigación está aún en una fase muy inicial.


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