El Juzgado de Instrucción 17 ha citado para el 12 de mayo a declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación al concejal de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y a la delegada del Distrito Nervión, Cristina Galán Cabezón, tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por presuntas irregularidades en la retirada de la concesión de una plaza pública.
Según explicaron fuentes del caso, en noviembre de 2009 la empresa World Seafood Center Trade Mark SL, que gestiona el restaurante Marcamar, situado en la calle Pablo Picasso y frente a la estación de Santa Justa, denunció a Gómez de Celis y Galán por presuntas irregularidades en la retirada de la cesión de una plaza pública situada junto al establecimiento.
Los denunciantes aseguran que esa plaza les fue cedida en octubre de 2007 por el Distrito Nervión. En ese tiempo, "hubo total colaboración y se llevaron a cabo diversas ferias, incluso se organizó allí la fiesta a los seguidores del Tottenham, cuando el equipo jugó con el Sevilla", señalaron las mismas fuentes. Cuando el restaurante asumió la plaza, cuyo carácter público no niega su representante jurídico, "la valló y la acondicionó pues estaba llena de pintadas". Además, en el interior de la plaza había diverso material, como sillas y mesas propiedad del denunciante.
En noviembre, siempre según los denunciantes, recibieron una carta del Ayuntamiento "en la que nos decían que teníamos que desalojar en dos días la plaza". El letrado del restaurante contestó con un escrito en el que les instaba "a seguir los trámites legales pertinentes", pero "el Distrito nos contestó que era competencia de Urbanismo y viceversa". Según consta en la denuncia, el 8 de diciembre "los candados fueron forzados" para montar una feria gastronómica de marisco y de productos de Huelva, que tuvo lugar del 9 al 13 de diciembre.
El restaurante interpuso entonces la denuncia, al considerar que la entrada "se había realizado sin su consentimiento, sustituyendo los candados por otros" y "sin tener en cuenta los trámites legales, solicitando la imputación de ambos ediles.
Por su parte, la Gerencia de Urbanismo aclaró ayer en una nota que la actuación "ha sido en todo caso correcta y ajustada a la legalidad". Además, asegura que la denuncia es "una reacción a un requerimiento para que cesara en la ocupación ilegal de una zona de dominio público" para lo que, según Urbanismo, "no tenía título ni licencia de ninguna clase". La empresa asegura que existe un contrato, "pero nunca quisieron darnos copia".
La Gerencia también quiso aclarar que la denuncia se dirige por error contra Gómez de Celis como gerente de la misma, cuando ese cargo lo ocupa Miguel Ángel Millán. "La denuncia se dirige contra el gerente de Urbanismo, que es quien ciertamente tiene las competencias y firma en materia de ocupación de la Vía Pública, pero incurre en un grave error, se desconoce si involuntario", señala el comunicado.
Según consta en la providencia del juzgado, el gerente de Urbanismo, una vez conocida la denuncia, intentó personarse en el procedimiento, pero la juez del caso, Pilar Llorente, lo desestimó, después de que el restaurante ratificara la denuncia ante el juzgado. En ese momento, la limitó exclusivamente a los dos ediles socialistas, ya que en un principio también iba dirigida contra la empresa que montó y gestionó la feria de marisco que se instaló en la plaza. Según los denunciantes, esta empresa sólo solicitó al Ayuntamiento un lugar para celebrar el evento, por lo que consideran que toda la responsabilidad sobre la elección del sitio para la ferie recae exclusivamente sobre Gómez de Celis y Galán.
Urbanismo también aclaró que la retirada de los candados se hizo con autorización judicial y que se le dio copia a la empresa para que retirara sus enseres.
