A mediados de agosto una de las paredes del Palacio de Carlos V en la Alhambr a dejaba de estar impoluta. Un suboficial jordano enviado por su Gobierno para la adquisición de un avión militar cincelaba en los muros de este BIC (Bien de Interés Cultural), de más de 400 años, su apellido. Cuando el militar fue arrestado por los vigilantes de la Alhambra, éste aseguró que desconocía que en España se considera delito atentar contra el patrimonio histórico.
Pese a que el suboficial pasó a disposición judicial la pena que se le impuso fue de 300 euros, lo que implica que no se considera delito ya que no supera los 400 euros. Ante la cantidad impuesta, el PP de Granada mostró ayer sus sospechas de que el Patronato de la Alhambra y el Generalife "minimizara" los daños ocasionados. Por su parte, el delegado de Cultura de la Junta en Granada, Pedro Benzal, mostraba el martes sus esperanzas por que el militar fuera "sancionado duramente" por atacar un bien cultural.
El PP cree que no se le dio gran relevancia al hecho -que, según el jordano, es una práctica habitual en su país- por los intereses del Gobierno de España, que mantiene importantes relaciones comerciales con Jordania y que no querría, por tanto, un "conflicto diplomático".
Por ello, la parlamentaria andaluza del PP granadino Eva Martín cree necesario que la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, explique por qué el organismo redactó un informe que cuantificaba los daños solo en 300 euros.
Finalmente el enviado del Gobierno jordano ha sido imputado por un delito contra el Patrimonio Histórico, por lo que la Fiscalía provincial ha requerido una tasación de los daños más adecuada. En cuanto a la tasación anterior, la parlamentaria granadina criticó la forma de actuar del Patronato, la cual calificó de "oscurantista".
