Imputan a una cuarta concejal por los contratos de Tomares

Los contratos fueron suscritos por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP) en 2007 para "consultoría y asistencia" por un fijo de 975 euros mensuales y 150 euros por cada informe "de especial complejidad".

La juez que investiga los informes pagados por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) a su ahora concejal Juan Campos (PP) ha citado el lunes como imputada a una cuarta concejala, Pilar Domínguez (PP), titular de Urbanismo. Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 8 de Sevilla tomará declaración a Domínguez y, como testigos, a otras tres personas relacionadas con la empresa Guerra 21, por la que Campos realizó trabajos para el Ayuntamiento. La nueva imputada se unirá al propio Campos, ahora concejal de Medio Ambiente; a Eloy Carmona, portavoz municipal, concejal de Presidencia y "numero dos" del PP sevillano; a Mercedes Fuentes, actual responsable de Cultura y antes concejal de Medio Ambiente; y a Alfonso Barrios, interventor municipal. La Fiscalía denunció en noviembre de 2013 presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos para supervisar obras municipales que el Ayuntamiento hizo durante el anterior mandato municipal a Campos y por los que el concejal cobró 2.000 euros al mes entre 2007 y 2009. Dichos informes, que en ocasiones se limitaban a una frase o se remitían a textos anteriores, fueron presuntamente encargados a Campos después de que no consiguiera salir elegido en la lista municipal del PP. Los contratos fueron suscritos por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP) en 2007 para "consultoría y asistencia" por un fijo de 975 euros mensuales y 150 euros por cada informe "de especial complejidad". Carmona compareció en diciembre ante la juez, explicó que el contrato consistía en supervisar los trabajos de varias áreas municipales como Obras, Parques, Medio Ambiente y Limpieza en una localidad con alta densidad de población y afirmó que Campos debía estar disponible en horas no laborables, de noche o días lluviosos. La existencia de informes de una sola frase se debe a que el contrato no era para elaborar dictámenes escritos sino para hacer un seguimiento de calle y, según Carmona, si el PP hubiese querido dar un sueldo a Campos a cambio de no hacer nada podría haberlo hecho mediante un cargo de asesor municipal. Junto con la nueva edil imputada, el lunes declararán como testigos tres personas relacionadas con la empresa Guerra 21, que dio de alta a Campos después de dejar de trabajar para el Ayuntamiento y que ejecutó varios trabajos para el municipio.

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