Local

Iñaki Urdangarin ya está imputado por el lucro ilegítimo del instituto Nóos

El juez que instruye el caso Palma Arena levantó ayer el secreto del sumario y desveló asimismo la imputación del yerno de Juan Carlos I.

el 29 dic 2011 / 08:47 h.

TAGS:

Pocos esperaban ya otra cosa tras conocerse el goteo de noticias sobre el supuesto lucro ilegítimo de la fundación de Iñaki Urdangarin. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, dio a conocer que interrogará como imputado al Duque de Palma por todos los hechos que guardan relación con “cualquier forma negocial” en virtud de la cual haya sido “perceptor de fondos públicos”, tanto en Baleares como en Valencia, así como por el “destino y tratamiento fiscal” que les hubiera dado, sobre lo que también se han destapado dudas acerca de presuntos envíos de estos fondos a paraísos fiscales.

Así consta en el auto dictado por el juez, en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres, y a otras siete personas en la causa en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.

La imputación no supone directamente el procesamiento, sino que es una garantía procesal –explicado de un modo básico significa el derecho a declarar como acusado ante el juez con un abogado presente, ejerciendo el derecho a la defensa y no como mero testigo–. Sin embargo, sí puede ser un paso previo para ver sentado en el banquillo al yerno del Rey si se afina esta acusación. Si del proceso sale una condena o una absolución –o el archivo– aún es pronto para saberlo.

En la resolución, en la que acuerda levantar el secreto del sumario que había decretado el 4 de agosto pasado, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de “representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas”, así como la relación de personas que “han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos”. El auto, que puede ser recurrido en apelación en un plazo de tres días, fija la declaración como imputado del yerno del Rey para el 6 de febrero, aunque le ofrece la posibilidad de solicitar “un adelanto de la convocatoria”.

También están citados a declarar el 5 de enero los también imputados Diego Torres; Ana María Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro, así como Salvador Trinxet. El 25 de enero será el turno de las declaraciones de José Luis Ballester, Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía.

El juez recuerda al Duque de Palma que, si no compareciera ni justificara “causa legítima” para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en “una orden de detención”.

También indica que, al no constar “domicilio propio en España” del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante “diligencia telefónica” al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada “a través de los medios de comunicación”.

De esta forma, Urdangarin podrá “personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio”. También le recuerda que, tal y como contempla la legislación, podrá “declarar cuantas veces quisiere”, de forma que le podría tomar declaración “inmediatamente” en función de la disponibilidad del juzgado, del fiscal y de las partes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma también señala que, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la imputación judicial debe ser “puesta inmediatamente en conocimiento del presunto implicado”, en este caso no ha podido “cumplirse totalmente” porque se habría frustrado la investigación”.

La investigación sobre el Instituto Nóos, que constituye una pieza separada del caso Palma Arena, saltó a la luz después de que el 7 de noviembre el juez Castro autorizara el registro de la sede de Nóos, en Barcelona, y de varias sociedades mercantiles vinculadas al marido de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres.

Las pesquisas parten de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados para “apoderarse de ellos”. Para ello, fijaron precios “totalmente desproporcionados” por los servicios que prestaban y simularon trabajos “ficticios”.

En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros, que el Gobierno de Jaume Matas –expresidente imputado por corrupción – destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte.

El juez Castro sostiene que el precio de ambas jornadas es “totalmente desproporcionado” y fue fijado “exclusivamente en base a un presupuesto ficticio”, hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró se vinculó a Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según el fiscal, la “única finalidad perseguida” por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era “contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG”.

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía “fines lucrativos” y “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba Nóos y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse con fondos públicos”.

Además, la presunta rapiña de Nóos se ayudaba de una red de cinco empresas interpuestas que tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio social, lo que revela que el “control” de las mismas “estaba en manos de los dirigentes de Nóos”, prosigue el fiscal.

La preocupación ciudadana por un caso que salpica al entorno familiar del jefe del Estado llevó al Rey, Juan Carlos I, a expresar en su mensaje de Nochebuena que la justicia “es igual para todos” y que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”, lo que se interpretó como alusión a las actividades de su yerno y un intento de distanciamiento de éstas, si bien el propio monarca pidió al día siguiente que no se “personalizara” su discurso.  

La Casa Real ha señalado el jueves que no hay ningún comentario que hacer respecto a la imputación en el caso Palma Arena de Iñaki Urdangarin y se ha remitido a su posición de respeto absoluto a las actuaciones y decisiones judiciales.

Iñaki Urdangarin, que contrajo matrimonio con la infanta Cristina en octubre de 1997, empezó a jugar al balonmano de niño y a los 18 años se incorporó a la plantilla del F.C Barcelona, donde desarrolló toda su actividad deportiva hasta el año 2000, fecha en la que anunció su retirada.

Integrante de la selección española de balonmano desde 1986, en 1998 se estrenó como capitán de la misma. Participó con el equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, Atlanta'96, donde ganó la medalla de bronce, y Sydney'2000, juegos en los que España repitió metal.

Jugó su último partido el 30 de septiembre de 2000 en Sydney, donde marcó el último gol del partido por el bronce, al dejar sus compañeros que lanzara el penalti en el último minuto.

El 30 de marzo de 2001 el Barcelona le organizó un multitudinario y emotivo homenaje en el Palau Blaugrana, en el que el acto central fue la retirada de la camiseta con el número 7 que el deportista vasco había lucido durante sus 15 años en el club.

Urdangarin ha sido el jugador que más títulos ha acumulado hasta ahora entre todos los deportistas del Barcelona y el de balonmano que más éxitos ha conseguido en todo el mundo.

Con el Barcelona sumó 56 títulos, entre ellos 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 6 Copas de Europa y 2 Recopas de Europa de balonmano.

El 4 de abril de 2001 fue elegido miembro del Comité Olímpico Español (COE) para cubrir la vacante de Manuel Estiarte, que había pasado a formar parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Tres años después, el 16 de febrero de 2004, fue elegido por unanimidad vicepresidente primero del COE a propuesta de su presidente, José María Echevarría. Sustituyó en el cargo a Santiago Fisas, que dejó el COE para incorporarse al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Abandonó el COE el 29 de septiembre de 2005, cuando finalizó el mandato de Echevarría y se celebraron las elecciones en las que Alejandro Blanco llegó a la presidencia.

El 30 de noviembre de 2001 el Consejo de Ministros le otorgó la Gran Cruz del Mérito Deportivo y en mayo de 2002 le fue concedida la insignia de oro y brillantes al Mérito Deportivo, otorgada por la Real Federación Española de Balonmano.

También fue integrante en varias ediciones del jurado del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

  • 1