Dos inspectores de Salud Pública de la Junta de Andalucía analizaban ayer por la tarde ese etiquetado y el estado en general de los productos que se encuentran en el supermercado, con la oportuna autorización judicial. La labor de estos inspectores se centrará básicamente "en comprobar si el etiquetado de los productos es el correcto, si han sido o no manipulados y si la fecha de caducidad que pone se corresponde realmente con la que tienen", según fuentes de la Delegación Provincial de Salud. Paralelamente, se llevará a cabo una inspección ocular de la limpieza del local, "así como de la correcta temperatura de los productos que en el mismo se hallan, sobre todo, de los perecederos".
Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Écija entraron a valorar el posible fraude cometido en este establecimiento, con licencia de apertura desde 1994. Las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía apuntaron que un consistorio tiene competencias para cerrar un comercio de este tipo cuando detecta posibles anomalías perjudiciales para la salud.
