El último informe sobre el atropello mortal de Hytasa con el que el Consistorio pretendía zanjar la polémica ha provocado el efecto contrario. Los trabajadores y vecinos de la avenida donde ocurrió el siniestro se indignaron al ver que el Gobierno esquivaba toda responsabilidad en el accidente, y ayer decidieron personarse en el juicio.
El tercer informe que el Ayuntamiento ha enviado a la juez para explicar por qué no funcionaba el semáforo en el que cruzó la víctima del atropello de Hytasa ha desatado un alud de protestas. El documento redime a los dos concejales implicados en el suceso: el de Urbanismo, responsable de las obras de restauración en la avenida de Hytasa, y el de Movilidad, responsable de las señales de tráfico. El texto concluye que el Gobierno local no tiene "ninguna responsabilidad en el accidente" y que el suceso se debió a "una serie de circunstancias no imputables a persona alguna".
Al escuchar que el Consistorio se lavaba las manos y daba carpetazo al asunto, los trabajadores de las consejerías que se encuentran justo delante del paso de cebra donde fue atropellada Chelo González, funcionaria de Igualdad, han optado por pedir cuentas en los juzgados. El tono del informe les ha parecido autocomplaciente para con los responsables políticos, más aún cuando dos de sus concejales han estado culpándose mutuamente de que el semáforo estuviera apagado durante los dos últimos meses.
Cuatro sindicatos del sector de la administración pública -UGT, CCOO, Ustea y CSI-CSIF- se han personado en el juicio que investiga la muerte de su compañera para exigir responsabilidades ante las "innumerables denuncias escritas" sobre el peligro del cruce.
El pasado 28 de mayo, Chelo González, de 57 años, cruzó la calle en un semáforo que no estaba encendido. Un camión no la vio y se la llevó por delante. El semáforo llevaba tres meses apagado, pese a las advertencias de los empleados de la zona y de los vecinos. El Gobierno lo volvió a encender cinco días después del atropello.
La secretaria de Administración Autonómica de UGT, Macarena Rivas, explicó ayer que los sindicatos que se personan en la causa no entran "en la discusión de si el responsable es el Ayuntamiento o la empresa de señalización, sólo en que había un peligro que se había denunciando en muchas ocasiones, no se corrigió y ha dado lugar a una situación grave".
El Gobierno se autoexculpa en el último informe y descarga la responsabilidad en las empresas contratadas por Urbanismo y Movilidad: Aguilera Nogales y Cía, que realizaba las obras, y SICE, encargada de instalar los semáforos. La descoordinación entre ellas fue la causa de que el semáforo no estuviera encendido, concluye.
El portavoz de los vecinos de El Cerro, Félix Beato, dijo que fue "lamentable ver cómo se pasaban el balón unos a otros" para eludir la culpa. Beato cree que la verdadera responsable es Movilidad, que es a la que los vecinos habían acudido en varias ocasiones para advertir sobre la falta de semáforos en la avenida. La concejal del PP María del Mar Sánchez lamentó el silencio del alcalde en este asunto y acusó a Monteseirín de esconderse. "Los alcaldes están para asumir responsabilidades y no sólo para entregar premios. El alcalde se caracteriza por estar callado en los momentos más importantes y dramáticos", sentenció.
