Gabriela L.B, presunta autora de la muerte de tres menores discapacitados registrada el 15 de agosto en un centro de acogida que la ONG Mensajeros de la Paz gestiona en el término vallisoletano de Boecillo, permanece ingresada en el Centro Penitenciario de Valladolid desde las 11.30 horas, después de que recibiera la correspondiente alta hospitalaria, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
La mujer, de 55 años y origen uruguayo, permanecía ingresada desde el lunes 15 de agosto en el Módulo Penitenciario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde se recuperaba de las lesiones que ella mismo se autoinfligió con un cutter en las muñecas y los pies y, además, se hallaba bajo custodia ante el temor a que pudiera volver a intentar quitarse la vida.
Pese a que al día siguiente de su detención el juzgado ya había decretado para ella prisión provisional comunicada y si fianza como autora de tres delitos de homicidio, su encarcelamiento estaba a expensas únicamente del alta hospitalaria, requisito que finalmente se ha dado a primera hora de esta mañana.
Por otro lado, y cuando todavía son una incógnita los motivos que llevaron a Graciela L.B. a acabar con la vida de los tres menores, a los que asfixió con papel film de cocina, ya que tanto a preguntas de la Guardia Civil como del juez asegura no recordar nada y que su único propósito era el de quitarse la vida, lo que sí ya ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción 6, encargada del caso, es denegar a Mensajeros de la Paz la personación en la causa como acusación particular por si de su actuación en los hechos pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria.
Además, en el mismo auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez ha aceptado la personación de la Junta como parte "ofendida", no perjudicada--no puede reclamar indemnizaciones--, en tanto en cuanto era la que ostentaba la tutela de los menores y había encomendado el cuidado de los mismos a la referida ONG.
"CRONICA DE UNAS MUERTES ANUNCIADAS"
Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Valladolid ha aprovechado la tragedia para asegurar que ésta era la "crónica de unas muertes anunciadas", lo que obliga a reflexionar sobre la precaria situación de los trabajadores del sector de la discapacidad.
En este sentido, el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado a la Junta por el trato que viene otorgando a los trabajadores del sector privado de la discapacidad, "ignorando sus reivindicaciones y manteniéndolos en unas condiciones salariales vergonzosas, lo que implica la baja valoración que atribuye al trabajo, tan necesario como admirable, de estos profesionales".
Así, UGT entiende que la Junta, como entidad encargada de la tutela de estos niños, debería de exigir a todas las empresas que ofrecen servicios sociosanitarios a personas con discapacidad que faciliten los medios para que se cumpla la Ley.
Considera además que es deber del empresario y de las administraciones públicas la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales de los empleados a su cargo, así como el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la titulación de los empleados y a las limitaciones de la jornada de trabajo "para detectar situaciones potencialmente peligrosas y evitar suceso como estos que todos lamentamos".
Tal petición se produce después de la carta anónima hecha pública por antiguas compañeras de la detenida en la que además de asegurar que Graciela realizaba una jornada continua de 40 horas de sábado a lunes, sostienen que carecía de la titulación necesaria y, además, se hallaba aquejada de una profunda depresión que era conocida por todas e incluso por sus superiores, pese a lo cual nada se hizo debido a que la presunta homicida era la madre de la coordinadora regional de la ONG.
