Dos años, tres meses y un día de inhabilitación para cargo público es la condena que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al juez Fernando Ferrín Calamita por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor por una lesbiana.
La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante, la compañera sentimental de la madre biológica de la menor, e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.
El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la sala el que pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que Ferrín había cometido este delito no de forma intencionada sino por imprudencia.
El tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Julián Pérez-Templado, llega a la conclusión de que "no existe en la mente del inculpado, con todos los riesgos que conlleva hacer conjeturas sobre las intenciones, un plan preconcebido para conseguir que la adopción no se produjese". "Más bien -añade- lo que transpiran las actuaciones del señor juez es una voluntad retardataria, inventando trámites inexistentes o innecesarios". Al analizar la conducta del acusado, la sala concluye también que "sus decisiones nos llevan a concluir que lo que en verdad intentaba era retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político o bien para aburrir".
Al estudiar la resolución de Ferrín de que los psicólogos le informaran sobre la influencia que tendría en el desarrollo de la pequeña el convivir con dos madres, comenta el tribunal que "sólo puede deberse a una razón: el matrimonio homosexual es dañino para ella porque así lo ha decidido él, diga lo que diga la ley". Indica la sentencia que Ferrín Calamita "obró actuando por una auténtica compulsión homófoba, lo que ha de tener una indudable trascendencia penal".
Irá al Supremo. Sin embargo, el abogado Javier María Pérez Roldán, defensa del juez Calamita, afirmó ayer que "ya planea el recurso ante el Tribunal Supremo, por ausencia de mala fe en los retrasos producidos en el proceso de adopción" y "por la modificación de la calificación penal por la que fue imputado". Asimismo, anunció que presentará una querella contra el juez instructor, Manuel Abadía, y el equipo psico-social "por elevar un informe sin haber examinado a la pareja de lesbianas, lo que supone una clara falsedad documental". En un comunicado, la defensa del juez subraya que "lo curioso es que el juicio se abrió por prevaricación continuada y, sin embargo, finalmente la sala ha decidido modificar la calificación y condenarle por un retardo que estima como malicioso".
A juicio del letrado, "el retraso se produce porque el primer informe solicitado por el juez de Familia al equipo psico-social adscrito al juzgado nunca se realizó". Incluso, advirtió, "las propias lesbianas reconocieron que nunca fueron evaluadas por los profesionales del equipo". El segundo informe solicitado por el juez a la Dirección General de Familia de Murcia "tampoco resultó satisfactorio, porque los psicólogos no quisieron manifestarse sobre cuestiones psicológicas tras haber sido aprobado el mal llamado matrimonio homosexual".
