De los casi 47.000 inmigrantes en paro que residen en Andalucía, sólo 800 han solicitado acogerse al programa de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica entre los extranjeros desempleados. Apenas un 1,8% de los que tendrían derecho a hacerlo han elegido volver a sus países y cobrar el paro en dos entregas (el 40% en España y el 60% al llegar a sus lugares de origen) con una cuantía media de 9.000 euros. El programa ha sido un verdadero fracaso sin que hasta el momento se hayan concretado las razones, aunque no es descabellado suponer que el compromiso de no regresar a España en un plazo mínimo de tres años, requisito exigido a los solicitantes, ha pesado en los interesados.
En esta coyuntura, cabe hacer dos interpretaciones: de una parte, el fracaso de las medidas impide aliviar las listas del desempleo y aboca a miles de familias inmigrantes a una vida precaria en un país extraño donde se han esfumado las oportunidades de trabajo. Pero por el otro lado esa decisión de quedarse habría que considerarla una prueba de confianza en la capacidad de recuperación de la economía española: muchos de estos trabajadores inmigrantes están seguros de que si "aguantan el tirón" de la crisis con más o menos dificultades, más pronto que tarde volverán a tener ofertas de empleo. Son en su mayoría familias hispanoamericanas que han traído consigo a sus hijos, los han escolarizado y se resisten a someterlos a un nuevo cambio de casa, de amigos y de ciudad. Pero también jóvenes mujeres solteras, trabajadoras domésticas, y hombres solos que encontraron un hueco en el campo y el boom de la construcción. Para ellos regresar es resignarse a una situación aún peor.
A todos ellos, los que han elegido quedarse, la sociedad española debería reintegrarles su gratitud y confianza con medidas que les garantizaran una efectiva igualdad de oportunidades de trabajo y protección social.