La juez que investiga el robo de 150 kilos de droga en lacomisaría de Sevilla realizará el viernes una inspección ocular de los calabozos que habían sido habilitados como almacén, donde numerosos testigos han certificado la falta de medidas de seguridad.
Fuentes del caso han indicado a Efe que dicha inspección será realizada en presencia del fiscal antidroga y los abogados de todas las partes, y su objetivo es corroborar las versiones de diversos testigos sobre la falta de suficientes medidas de seguridad.
Varios testigos han declarado en meses pasados a la juez de instrucción 19 de Sevilla que la llave de los antiguos calabozos donde se guardaban los alijos estaba en poder del jefe de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), que la custodiaba y solo la entregaba por petición de otro jefe policial, que solo la conservaba el tiempo necesario para hacer la gestión.
Además, al sótano habilitado como almacén solo podían acceder los policías de dos en dos y previa apertura de una primera puerta, cuya llave era difícil de reproducir en un solo día, según los testigos.
No obstante, esas personas reconocieron que en dichas dependencias no había luz y que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar cuando se instalaron además unas taquillas para los funcionarios.
Por el robo de la droga permanecen encarcelados el ex policía de la Udyco Lars S.M. y su presunto socio, Manuel A.N., junto a sus respectivas esposas.
Las citadas fuentes han dicho a Efe que los dos principales acusados están citados para una nueva declaración el 16 de junio, si bien es previsible un aplazamiento debido a otros compromisos de uno de los abogados defensores.
El robo de los 150 kilos de droga se descubrió en mayo de 2008 y hasta ahora ha obligado a dejar en libertad a siete presuntos traficantes que se enfrentaban a condenas de hasta doce años de cárcel, aunque aún quedan dos sumarios, uno en Sevilla y otro en la Audiencia Nacional, pendientes de celebrar juicio sin la droga intervenida.
Además de los presuntos autores materiales del robo y sus esposas, el entonces jefe provincial de la Udyco fue imputado por la juez por "encubrimiento u omisión de denunciar", por supuestamente haber conocido la sustracción de la droga y no denunciarlo.
