La economía española logrará evitar efectos más perjudiciales, fruto de la crisis financiera mundial y la desaceleración del sector inmobiliario nacional, si el Gobierno aplica reformas permanentes que no pongan en cuestión la renta de las familias.
"En un momento de menor confianza de las familias, poner en cuestión pilares básicos de su renta permanente puede provocar una brusca contracción del consumo privado y llevar a la economía a la recesión, como sucedió en 1993", advierte el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez.
Para afrontar la fase de desaceleración que atraviesa la economía nacional en 2008 -y que se prolongará en 2009- con los efectos del colapso del mercado global de crédito y para que España siga avanzando en renta per cápita, "será necesario acometer reformas de forma permanente, sin apelar al miedo para imponerlas", sostiene.
Concretamente, en el actual entorno de crisis financiera mundial, Díez aboga por seguir haciendo un uso "prudente y eficiente" de las finanzas públicas junto a un uso "activo" del ahorro público, tanto desde el Gobierno central como desde las comunidades autónomas y ayuntamientos, que ejecutan la mitad del gasto.
El superávit del 2% en 2007 y la deuda pública en el 35% del PIB "permiten acometer rebajas impositivas que, junto a las reducciones de los tipos de interés, limiten el impacto de la desaceleración del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo. Además, permite a las administraciones mantener el esfuerzo inversor en infraestructuras, precisa.
A su parecer, España es una de las economías "más afectadas por la crisis financiera" junto a EEUU y Reino Unido, ya que presenta una gran apertura financiera y ahora existen dificultades para la captación de ahorro internacional.
