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Internet contra el derecho a olvidarse del pasado

El foro abrió un debate sobre el derecho de la gente a eliminar contenidos personales de la red y el impacto que tiene en las personas que algunas de sus historias nunca desaparezcan.

el 21 jun 2013 / 23:40 h.

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José Luis Rodríguez, de la Agencia de Protección de Datos, entre Romero y Juan Carlos Blanco. J. M. Paisano (Atese) José Luis Rodríguez, de la Agencia de Protección de Datos, entre Romero y Juan Carlos Blanco. / J. M. Paisano (Atese) Cuando los medios de comunicación digitalizaron sus hemerotecas, desempolvaron parte de la historia del país, de su ciudad, de sus barrios. Pero también de personas anónimas que quizá, en algún momento, tuvieron cierta relevancia. A la Agencia Española de Protección de Datos llegó el caso de una señora septuagenaria, casada, con hijos y nietos y sin perfil público. Un periodista, por alguna razón, rastreó su nombre en la web y recuperó una noticia de los años sesenta: aquella anciana, a la edad de 14 años, había sido víctima de un secuestro turbio, un suceso que desconocía su entorno familiar más próximo. Ni su marido ni sus hijos lo sabían... hasta que se volvió a publicar la noticia 50 años después. “Internet ha derrumbado dos barreras, la del espacio y la del tiempo, que son las que más protegían la privacidad. Ahora la difusión de cualquier información es potencialmente ilimitada. Llega a cualquier punto geográfico y no permite que las cosas queden olvidadas en el tiempo”, explicó el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez. Uno de los aspectos clave que abordará la nueva legislación europea, que la Eurocámara quiere aprobar antes de que finalice este año, es el derecho al acceso, la corrección y en último término la desaparición de datos personales en la web, lo que en el argot se entiende como el derecho al olvido. En teoría, un ciudadano europeo podrá eliminar contenidos personales de internet, sobre todo si éste no ha dado el consentimiento para que se publiquen. Internet ha revolucionado el concepto de información y la esencia misma de este invento choca violentamente con eso que llaman derecho al olvido. El debate posterior a la conferencia de Rodríguez analizó precisamente el impacto que puede tener en el desarrollo de la personalidad de alguien que ciertos hechos de su vida permanezcan indefinidamente en internet. Parecido al caso de aquella señora septuagenaria fue el de otra mujer que descubrió que su hermana pequeña era portadora del virus del sida al teclear su nombre en Google. “¿Qué capacidad tienen los buscadores de bloquear o borrar esos contenidos?”, preguntó Daniel Ortega, consejero delegado de Sandetel. Rodríguez le contestó que las multinacionales se escudan en que “técnicamente no es posible acotar el flujo incesante de datos”, pero éste se mostró escéptico. “Si han demostrado el poder de desarrollo tecnológico que tienen en algunas cosas, también podrán dar con la tecla de esto”, aseguró. Otra de las novedades que incluirá la legislación europea es la obligación de que las multinacionales informáticas nombren a una figura responsable de protección de datos, que será el interlocutor directo con las instituciones europeas y con los gobiernos nacionales. El proyecto se está tramitando como reglamento, lo cual implica una aplicación inmediata en los 27 países miembros, sin necesidad de que la directiva europea se plasme en cada legislación nacional. “Hay una guerra soterrada muy fuerte” entre la UE y las grandes corporaciones, reconoció la eurodiputada Carmen Romero, que criticó la falta de entendimiento en este aspecto con Estados Unidos, socio privilegiado de Europa. “El fenómeno del espionaje de ciudadanos extranjeros en América acelera el reglamento europeo. Pero aún nos falta un fiscal y el cuerpo legislativo. Nos han cogido sin instrumentos para defendernos en un mundo global en el que cada uno va por su cuenta”, aseguró. Rodríguez cerró el debate apelando a la futura Ley de la Transparencia, que el Gobierno aprobará pronto, y que “evitará que se utilice la protección de datos como excusa para que la administración no entregue datos públicos a los ciudadanos”. “Esto genera una imagen negativa sobre la protección de datos que contribuye a la opacidad”, sentenció.

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