Intervención del Estado cuestiona el uso "indebido" de las transferencias de por la Junta

Un nuevo informe a petición de la jueza Alaya analiza la actuación de la Cámara de Cuentas en relación a las ayudas sociolaborales del conocido como 'fondo de reptiles'.

el 24 ene 2014 / 15:18 h.

Un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la  Administración del Estado (IGAE) a petición de la juez que instruye  el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares  vuelve a cuestionar el uso "indebido" del "inadecuado concepto" de  las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía  para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a  cargo del programa 31L y discrepa de las conclusiones elaboradas en  su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Mercedes AlayaDicho informe, con una extensión de 65 páginas y que ya ha sido  trasladado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la  causa, es consecuencia de una orden formulada en diciembre por la  magistrada Mercedes Alaya a los peritos de la Intervención General  del Estado para que analicen la actuación de la Cámara de Cuentas de  Andalucía en relación a las ayudas sociolaborales del programa 31.L.,  más conocido como 'fondo de reptiles'. La IGAE expresa en las conclusiones del informe, consultadas por  Europa Press, "significativas discrepancias de criterio" con la  Cámara de Cuentas de Andalucía y señala que "las modificaciones  presupuestarias realizadas para aumentar el inadecuado concepto de  'transferencia de financiación' a IFA-IDEA, con el que indebidamente  se concedieron subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis (16  aprobadas por el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de  Economía y Hacienda, y 6 aprobadas por el titular de la consejería),  no cumplieron uno de los principales requisitos legalmente  establecidos, como es que la aplicación presupuestaria de destino sea  la adecuada". Este informe complementa a otro de la IGAE ya incorporado a la  investigación el pasado mes de diciembre en el que reprocha a los  consejeros de Economía y Hacienda de la Junta entre 2000 y 2009; la  exministra Magdalena Alvarez, el expresidente andaluz José Antonio  Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la ausencia de "las medidas  necesarias" para solucionar y erradicar las "irregularidades"  detectadas en las fórmulas usadas para la administración de la  partida 31L.

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