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Intimidación intolerable

Los colectivos antiabortistas españoles andan crecidos. Con el apoyo de algunos sectores de la magistratura y la administración y la excusa de una denuncia por presuntas irregularidades contra una clínica de Madrid no han dudado en cruzar la raya de la intimidad de una veintena de mujeres -de momento- que se sometieron a un aborto.

el 14 sep 2009 / 22:38 h.

Los colectivos antiabortistas españoles andan crecidos. Con el apoyo de algunos sectores de la magistratura y la administración y la excusa de una denuncia por presuntas irregularidades contra una clínica de Madrid no han dudado en cruzar la raya de la intimidad de una veintena de mujeres -de momento- que se sometieron a un aborto. Porque es un grave golpe a la intimidad que la guardia civil aparezca en la casa de una mujer para entregarle una citación judicial con el fin de que acuda a declarar por una decisión que con todo derecho adoptó en un momento de su vida. Sin contemplaciones sobre si esa dicisión, que entra en el ámbito de lo estrictamente personal, es conocida por padres, esposos, hijos o parientes de la citada, los agentes y quienes los envían sacan a la luz historiales clínicos que deben ser secretos. Porque la decisión de abortar es algo que concierne exclusivamente a la mujer. A nadie más. Y tampoco parece lógico que las mujeres citadas tengan mucho que aportar sobre una denuncia que desconocen y que afecta al funcionamiento interno de la clínica en cuestión, contra la que por cierto ninguna investigación ha logrado probar nada por ahora. Es lógico por tanto que las mujeres tengan miedo. Y no porque la decisión que en su día tomaron esté fuera de la ley, sino por la frivolidad con la que algunos jueces y las fuerzas de seguridad sacan a la luz sin ninguna cautela datos privados. ¿Qué se persigue con todo ello? Simple y llanamente amedrentarlas y de paso socavar los cimientos y la existencia misma de una ley progresista aprobada por el Parlamento. Una vuelta de tuerca más en esa revisión de valiosas conquistas sociales en la que una parte de la sociedad española parece empeñada, azuzada sin pudor por altos miembros de la jerarquía católica y el asentimiento de la derecha más reaccionaria. Una ley de plazos que ampare el derecho a abortar en las primeras semanas de embarazo parece el único camino posible para evitar para siempre la actual, peligrosa, rancia e inadmisible campaña de criminalización contra las mujeres españolas que en uso de su libertad más sagrada deciden abortar.

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