El presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, ha negado que su antecesora en el cargo autorizase falsear expedientes para justificar los préstamos que concedían algunas sociedades, como han revelado algunos medios de comunicación hoy.
Cristóbal Cantos, ex alto cargo de la sociedad, participada por la Junta de Andalucía, grabó una conversación con la antigua presidenta, Laura Gómiz, en la que supuestamente ésta le pedía que redactase un informe a posteriori autorizando una operación de dinero que ya se había concedido en el pasado.
Sobre dicha conversación, Álvaro ha explicado que lo que estaba pidiendo la expresidenta era el volcado de todos los expedientes atrasados en una base de datos informática, un sistema de archivo cuyo nombre es Tregua.
El presidente ha denunciado que dicha grabación fue manipulada para implicar deliberadamente a la empresa y a su presidenta en la trama de ayudas irregulares del caso ERE . Invercaria encargó en la última semana de febrero un informe a una empresa sobre dicha grabación. Dicha empresa, Graudio, certificó que en la grabación había "serios indicios de manipulación, en concreto que había trece cortes en el audio en el que se escuchaba a la presidenta.
El informe técnico de esta empresa se ha incluido como prueba por parte de la expresidenta en el juicio contra ella, a partir de la denuncia de dicho alto cargo que se querelló por despido improcedente.
El presidente de Invercaria ha recordado que la empresa está auditada anualmente por Price Watershouse y que todos los fondos están autorizados y controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"Es una empresa trasparente en su gestión y en sus datos", ha afirmado Álvaro que ha vinculado la grabación de Castos con los intereses electorales del PP.
Álvaro ha informado a la prensa de que Cristóbal Cantos es el hijo de un asesor económico de Javier Arenas, que pertenece a Asaja Cádiz.
Además, el actual presidente de la entidad ha anunciado que Laura Gómiz presentará este lunes una querella contra Cantos, mientras que la propia Invercaria "ha dado las instrucciones a sus servicios jurídicos para que determine qué tipo de acciones judiciales se puede tomar contra esta persona", según publica Europa Press.
Álvaro también ha precisado que Invercaria "no da ayudas sino que concede préstamos ordinarios o préstamos participativos, que las empresas deben devolver, o interviene en el capital social de la empresa, especialmente las nacidas de las universidades andaluzas, como capital semilla o capital arranque".
