El juzgado de Instrucción 4 abrió ayer una investigación sobre las filtraciones a la prensa en el caso Marta del Castillo, en especial las conversaciones entre los imputados y sus abogados grabadas por la Policía. El decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, instó al juez a iniciarla "con suma urgencia" argumentando que "la relación de confianza y el secreto profesional" son esenciales para la relación entre abogado y cliente, y sin ellas "el derecho de defensa de los imputados se ve mermado", según explicó Gallardo anoche.
El decano solicitó "medidas de carácter urgente" para frenar estas filtraciones a los medios de comunicación tras ver publicada ayer la transcripción de diálogos en prisión entre Miguel Carcaño y su letrada. "Las confidencias de los detenidos a sus abogados no pueden trasladarse bajo ningún concepto, porque entran dentro del ámbito de la relación de confianza y del secreto profesional indispensables para la relación abogado-cliente", insistió Gallardo.
Su petición fue tramitada por el juez previo informe del fiscal, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota.
Las conversaciones entre los imputados o entre éstos y sus abogados fueron logradas por la Policía con pinchazos telefónicos, la grabación de sus entrevistas en prisión o la intervención de su correo en la cárcel, y estuvieron un tiempo bajo secreto de sumario.
Sin embargo, Miguel sabía que estaba siendo grabado ya que la cárcel de Morón lo informó por error. Un mes después de saberlo se le grabó reiterando que dejó en un contenedor el cuerpo de la chica, que no ha aparecido, y sugiriendo que otros imputados pudieron haberlo sacado luego para ocultarlo.
La investigación sobre las filtraciones se inicia, según el TSJA, para "evitar la difusión pública del contenido de las actuaciones, especialmente de las transcripciones de las conversaciones de los imputados", y para proteger sobre todo "las mantenidas en los centros penitenciarios, con el fin de que el procedimiento no se vea perjudicado".
El TSJA recuerda que la información está "limitada" durante la fase de instrucción y apela "a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar en lo sucesivo la difusión de las conversaciones de los imputados".
