"Yo he abortado". La autoinculpación de millares de mujeres y el respaldo de muchos hombres, logró un cierto derecho al aborto en España. En un país en el que se había excomulgado a un ministro de UCD por la Ley del divorcio, el PSOE optó por la fórmula "prudente" de despenalizar parcialmente la "interrupción del embarazo". La seguridad social acabó haciendo los abortos en clínicas concertadas, dentro de tres supuestos, y esquivando así las objeciones de conciencia de muchos médicos "públicos".
El nuevo derecho nacía de forma tímida, casi vergonzante. Sólo un cierto consenso político y social permitió atender a las mujeres, aunque de manera desigual según donde vivieran. Andalucía, en general, funciona bien dentro del imperfecto sistema. Pero el débil consenso se ha roto y la mujer está de nuevo indefensa. El caso contra la Clínica Isadora de Madrid, sobre presuntos abortos irregulares, se parece mucho a una persecución ideológica. La investigación de la Guardia Civil, apoyada por la Comunidad de Aguirre, está plagada de irregularidades. Y ahora, el juez admite como acusación particular a un grupo ultraconservador.
Las mujeres que abortan en España, más que ciudadanas con derechos, son víctimas perseguidas. No tienen por qué ser heroínas, deberían poder guardar su confidencialidad, pero eso se ha violentado. Las han interrogado en sus casas, sin estar acusadas, y ahora su historial puede acabar en manos de quienes las llaman asesinas. El "acuerdo de transición" se ha roto y el Gobierno debe actuar urgentemente o vivirá la vergüenza del retorno de la autoinculpación.
Periodista. opinion@correoandalucia.es
