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Isla Mágica abre hoy sus puertas con el futuro sin resolver

Una temporada más, y ya van once. Isla Mágica abre hoy con nuevos espectáculos y un calendario más amplio, pero su futuro es incierto. Está en venta. El que seguramente será su último año con los actuales socios, además, viene marcado por la incógnita de cómo le afectará la crisis económica.

el 15 sep 2009 / 02:43 h.

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Una temporada más, y ya van once. Isla Mágica abre hoy con nuevos espectáculos y un calendario más amplio, pero su futuro es incierto. Está en venta. El que seguramente será su último año con los actuales socios, además, viene marcado por la incógnita de cómo le afectará la crisis económica.

El consumo de las familias se ha recortado, lo que puede afectarle negativamente. No obstante, no hay mal que por bien no venga. Muchos de los que pensaban viajar a Disneyland Paris o Warner Bross Park quizás decidan quedarse en la Cartuja.

En cualquier caso, el objetivo del parque temático sevillano es superar el millón de visitantes en 2008, esto es, recibir 11 millones desde que abrió sus puertas el 29 de junio de 1997. Ya se han vendido 11.000 pases de temporada, casi un 15% más que el pasado año.

En esta temporada 2008, Isla Mágica renueva una vez más su oferta: estrena películas para los diferentes espacios audiovisuales, La alfombra mágica y La mina encantada en Cinemoción y Supercohete y Rebelión en Navidad en Dimensión 4, así como espectáculos y animaciones en las diferentes zonas del recinto. Por primera vez, además, ampliará la temporada hasta después de la Navidad, cerrará el 6 de enero de 2009.

Pero lo que verdaderamente preocupa a los trabajadores, a las administraciones y a los accionistas es el concurso que la Junta -titular de los terrenos junto a Agesa- convocó el pasado 18 de marzo para que Isla Mágica cambie de dueños.

El 12 de mayo se sabrá si el parque es atractivo para las empresas o si éstas no lo ven rentable tras los requisitos impuestos por el Gobierno andaluz. Si el concurso queda desierto, habrá que convocar otro suavizando las condiciones.

El desembolso inicial deberá ser de más de 35 millones de euros (el parque prevé ingresar este año 21). El nuevo dueño dispondrá de la cesión del recinto, como mucho, durante 50 años, tendrá que mantener la actividad y garantizar los puestos de trabajo. Además, deberá devolver los 4,2 millones de incentivos regionales que recibió para su apertura en 1997.

Pero eso no es todo. Antes de dos meses desde la adjudicación provisional del contrato, la empresa ganadora tendrá que llegar a un acuerdo con los actuales dueños (Cajasol tiene el 70% del accionariado y Unicaja el 12%) para pagarles las inversiones ya realizadas, los activos no amortizados y la marca (casi 30 millones), así como deberá liquidar la deuda del parque: 4,8 millones. Y lo más importante, pagar religiosamente el canon impuesto por la Junta y Agesa.

Aquí radica el conflicto. Los trabajadores del parque, empresas interesadas (Martín Casillas e Inverco-Iberia) e incluso la dirección actual lo ven excesivo, si bien esta última espera que no sea un escollo. Hasta ahora, el canon anual era de 900.000 euros.

En el nuevo concurso se fija en 330.939 euros los cinco primeros años; 584.585 euros el sexto y séptimo, y en 1,3 millones a partir del octavo, cuando el parque dispondrá de 45.407 metros de edificabilidad extra para abrir comercios, oficinas, hoteles... Será la nueva fuente de ingresos de parque.

En estas cantidades se incluye un canon de 100.000 euros de alquiler a Agesa por el Pabellón de España, así como el arrendamiento de una parcela de la Junta junto a la Barqueta (usada como aparcamiento) donde se podrá levantar un edificio de 12.000 metros cuadrados para hotel, oficinas o tiendas.

Eso sí, el recinto perderá un parking junto al Teatro Central y otros suelos que no usa: el Jardín del Guadalquivir, el canal de la Expo, el Pabellón del Futuro y naves junto al hotel Renacimiento que volverán Agesa. Según las condiciones del concurso, las propuestas económicas primarán.

Se valorará, por este orden, la mejora del canon, la cuantía del aval bancario y la garantía del pago de dicho canon, así como la reducción del plazo de explotación, de 30 a 50 años.

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