Una ley militar israelí cuya vaga formulación abre la puerta a deportaciones masivas en el territorio ocupado de Cisjordania entró ayer en vigor, pese a las múltiples protestas de dirigentes palestinos y ONG locales.
Aprobado hace seis meses, el texto legal flexibilizará la definición de "infiltrado" en Cisjordania y permite al Ejército israelí expulsar a todos los residentes que no tengan "permisos válidos" emitidos por las autoridades del Estado judío.
El enunciado es tan genérico que, según alertan diversas ONG, convierte en potencial delincuente a todo residente en Cisjordania, a excepción de los colonos judíos, que en su inmensa mayoría tienen ciudadanía israelí.
"La nueva definición de infiltrado es tan genérica que convierte virtualmente a cualquier persona presente en Cisjordania en un posible delincuente candidato a la deportación", denunció ayer en un comunicado el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR).
El Ejército se apresuró a aclarar que "evidentemente la norma no se aplica a los residentes legales en la zona, que están inscritos en el censo", sino a quienes "entren o se queden en ella sin permiso".
Además defiende que se trata tan sólo de una enmienda para incorporar una "revisión judicial" a una ley que permite "la repatriación de residentes ilegales bajo un proceso administrativo que no requiere supervisión judicial".
El nuevo enunciado da luz verde al encarcelamiento durante un máximo de siete años o a la deportación de aquellas personas residentes en Cisjordania sin permiso, que se estiman en decenas de miles.
Se trata, por ejemplo, de los habitantes de Cisjordania en cuyo documento de identidad figure como lugar de residencia la franja de Gaza.
