Israel cambia de opinión y ahora sí colaborará con la Audiencia Nacional, a la que enviará la información requerida sobre el bombardeo que en julio de 2002 mató a 15 civiles. Esta información se requirió en agosto y Telv-Aviv acepta colaborar después de saber que la Justicia española aceptó el jueves a trámite una querella por dichas muertes.
El principal imputado por el juez Fernando Andreu es el ex ministro de Defensa, Benjamin Ben-Eliezer. El viernes, la embajada israelí en Madrid explicó que la información consiste en "un paquete cerrado con documentos judiciales del Ministerio de Justicia de Israel solicitados por la Audiencia Nacional y donde hay datos suficientes para que el juez archive el caso", recalcaron fuentes de la embajada.
El juez Andreu, dos meses después de que los familiares de las víctimas presentasen la querella en la Audiencia Nacional, solicitó a Israel por medio de una comisión rogatoria información para conocer si se había iniciado en ese país alguna investigación al respecto, pero hasta la fecha -tal y como indicaba el juez en su auto de ayer viernes- las autoridades hebreas no habían contestado a esa comunicación.
"Israel se había comprometido a entregar la información antes de finales de enero y justo ha llegado hoy" -por ayer-, argumentó el mismo portavoz, quien negó que el embajador israelí en España vaya a acudir a la Audiencia Nacional personalmente para entregar estos datos y explicó que, siguiendo el trámite habitual, la embajada entregará la documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores español para que lo haga llegar a la Audiencia Nacional.
Asimismo, la Embajada denunció que hasta el momento no se ha notificado el auto a las autoridades hebreas y que se han enterado de la decisión del juez "por la prensa", al tiempo que calificó la decisión del juez como "preocupante". "Israel tiene todo el derecho de defensa ante los ataques que ha sufrido de Hamás", dijo este portavoz que además añadió que "quienes impulsan esta querella, lo hacen por motivos políticos".
No obstante, según adelantó el viernes la edición digital de El País, el propio el embajador de Israel en España, Raphael Schutz, se reunió personalmente el pasado diciembre con Andreu para interesarse sobre la seguridad Ben-Eliezer y los seis mandos militares imputados en caso de que saliesen de Israel debido a la querella interpuesta en su contra en España.
Argumento político. A pesar de estos hechos, Schutz aseguró que juzgar a su país por su derecho a defenderse y no hacer lo mismo con los terroristas del movimiento palestino Hamás es situarse en "un mundo que perdió un poco la brújula". Schutz dijo que la decisión del juez es consecuencia de una querella presentada por "motivos políticos" y con el fin de "deslegitimar la misma existencia de Israel". "Un mundo donde contra el derecho de defensa propia se abre un proceso judicial y no contra los mismos terroristas es un mundo que perdió un poco la brújula", argumentó el embajador.
Su colega español, Miguel Ángel Moratinos, respondió al respecto afirmando el Ejecutivo español debe "respetar la justicia", que es "independiente" y "puede decidir lo que estime oportuno". En el mismo sentido se manifestó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que aclaró que España es "Estado de Derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".
Por último, el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consideró que la decisión del magistrado Andreu es correcta porque España tiene "un principio de jurisdicción universal" que permite que los tribunales españoles pueden conocer estos hechos. "Yo tengo que respetar las decisiones de los tribunales y las respeto. Creo que los jueces saben lo que hacen y ahora esperamos que todo discurra por los cauces legales", aclaró el responsable de Justicia.
