La Italia de Silvio Berlusconi apuesta por la mano dura contra el inmigrante. El Gobierno italiano rechazó la violencia vivida en Nápoles contra los campamentos gitanos, en su mayoría rumanos, al tiempo que continuó con las redadas para la expulsión de extranjeros, pese a las numerosas críticas recibidas.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado del primer ministro, Silvio Berlusconi, calificó de "injustificables" los incendios, días atrás, de cinco campamentos gitanos vacíos en Nápoles. "Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los de Nápoles", dijo Maroni.
Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario "para mejorar la seguridad" de Italia. Es intención del Gobierno "gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, de hoy y del mañana, de todos los pueblos", agregó Maroni.
Y es que la política migratoria de Berlusconi pretende endurecer el castigo a los sin papeles hasta el punto de ser condenados a penas de cárcel. Pero, mientras se espera si se aprueba definitivamente la ley, se procedía a la expulsión de 11 rumanos con antecedentes penales que fueron enviados en un vuelo directo a Bucarest.
Durante la madrugada de ayer, se llevaron a cabo en Roma tres controles y redadas en otros tantos campamentos de gitanos en busca de emigrantes ilegales, donde fueron apresadas 50 personas que no tenían los documentos en regla. Éstos se unen a los otros 118 inmigrantes que fueron arrestados sin papeles el jueves.
Tanto la violencia de Nápoles como la puesta en marcha de la expulsión de los inmigrantes que están en Italia de forma ilegal se producen apenas llegado Berlusconi al poder. El magnate italiano y sus socios hicieron de la persecución de la pequeña delincuencia común y la inmigración ilegal una de las principales banderas en su reciente campaña electoral. Tanto es así que el primer ministro anunció que el próximo día 21 el Consejo de Ministros aprobará un decreto-ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal.
Rapidez. Prueba de la diligencia con la que Berlusconi actúa esta vez es que el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, de visita en Líbano, anunció que "más de diez" bases allí desplegadas, que ya fueron desmanteladas, se trasladarán a Italia y servirán, a partir de ahora, como centros de acogida de clandestinos en vías de expulsión. La Russa dijo, además, que se le cambiará el nombre por el de centros de identificación y expulsión, una afirmación que contrasta con la hecha por su colega del Interior que negó la preparación de expulsiones masivas, algo que prohíbe la UE.
Aunque la población está, en un principio, a favor de las medidas, ya empiezan a aparecer voces discordantes. La principal fue la del presidente italiano, Giorgio Napolitano, que puso peros a la ley impulsada por Berlusconi y precisó que, para que entren en vigencia, las medidas deben tener un carácter de "urgencia".