La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la diputada de IU por Córdoba, Alba Doblas, y el senador de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal, presentarán una denuncia ante la Agencia estatal de Protección de Datos, acusando a la subdelegación del Gobierno en Córdoba de "atentado contra el derecho al honor y a la intimidad". Doblas también hará un requerimiento a la subdelegación para pedir explicaciones de por qué su DNI, su nombre y el de sus padres aparece en un atestado policial del pasado mes de febrero, donde se da cuenta de su "participación" en una manifestación de estudiantes, "no comunicada" oficialmente, que va desde la sede del Gobierno en Córdoba hasta la sede del PP.
Según ha explicado la parlamentaria andaluza, la Policía no le identificó en esa concentración (no le reclamó el DNI), ni tampoco a sus compañeros de IU, sin embargo, posteriormente sus nombres aparecieron en una lista en el atestado policial, a la que pudieron acceder todos los implicados en la protesta. "Esto es una lista negra que han hecho reconociendo físicamente a responsables políticos entre la multitud que estaba concentrada. Hay una persecución política que sufrimos los miembros de IU desde que el PP llegó al poder", ha asegurado la diputada.
El informe de la brigada provincial de Información de la Policía en Córdoba da cuenta de que la manifestación no estaba autorizada y de que la multitud, de 150 participantes, "corta la circulación del tráfico" y cierran el acceso de minusválidos a la comisaría de Policía con la pancarta: "La educación no se vende, se lucha y defiende", y pronuncian consignas tales como: "La Policía tortura y asesina" y "Vamos a entrar corriendo". El atestado policial no es un documento público ni ha quedado expuesto a la vista de cualquiera, y fuentes policiales sostienen que "reconocer e identificar a alguien que está participando en una protesta no autorizada en un espacio público no es ilegal", como denuncia IU.
El grupo de IU en el Parlamento sostiene que el mismo "procedimiento ilegal autorizado por el Ministerio de Interior" se ha llevado a cabo en Málaga, en manifestaciones de apoyo a familias desahuciadas. En la lista, según Doblas, también aparecen como "responsables" o "participantes" personas que no estuvieron en la concentración y "reporteros gráficos", "cuya carrera profesional puede estar comprometida si esta lista constituye un antecedente policial", sostiene Doblas. "El ministerio considera activistas peligrosos y sancionables a miembros de la Junta, del Senado y del Parlamento, todos de IU, por haber participado en una manifestación", concluye.
