IU, el socio de Gobierno que coordina el área de Administración Local desde el departamento del vicepresidente Diego Valderas, denunció ayer una "pinza" entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los alcaldes del PP-A en las capitales andaluzas, para "asfixiar económicamente a la Junta". El secretario de organización de IU y viceconsejero de Administración Local, José Luis Pérez Tapias, se refirió a la reunión que Montoro mantuvo con los ocho ediles del PP-A hace tres días, en la que se acordó abrir "una vía de financiación directa" entre Gobierno y ayuntamientos, "puenteando a la Junta". "Se trata de una pinza para asfixiar económicamente al Gobierno regional. Es un paso más del modelo recentralizador del PP, que pretende vaciar de capacidad de autogobierno a las comunidades", advirtió Pérez Tapias.
IU asumió ayer esta denuncia como formación política, y no como miembro de la Junta. De fondo subyace el Pacto por Andalucía y el empeño del presidente José Antonio Griñán de tender puentes al PP-A para acercar posturas en temas esenciales, como el empleo. Sin embargo, el equipo de Valderas tiene muy a mano el recurso judicial que interpondrá la Junta contra la reforma de la administración local, si el Consejo de Ministros aprueba hoy o el próximo viernes el borrador que está circulando. "La reforma local significa un desmantelamiento del municipalismo", insistió Antonio Maíllo, secretario de política institucional de IU.
La coalición considera "inadmisible" la eliminación de concejales -el 80% de ediles andaluces no tiene dedicación exclusiva ni cobra por ello- y la retirada de competencias a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Además sostiene que la reforma invadirá las competencias en ordenación municipal que el Estatuto le blinda a la Junta. "El Estado debería usar nuestras leyes locales como modelo". La alternativa de IU pasa por que el Gobierno dé a Andalucía todo lo que ha reclamado al fondo de liquidez autonómico (otros 2.000 millones) y que se apruebe una ley de suficiencia financiera vinculada a las nuevas competencias de los municipios.
El PP denuncia que la Junta lleva 458 preguntas sin contestar
El portavoz del PP, Carlos Rojas, criticó ayer el “oscurantismo del bipartito” al que acusó de “ocultar información al Parlamento y, por tanto, a todos los andaluces”, ya que de las más de 2.000 solicitudes de información y preguntas que su partido ha registrado en la Cámara autonómica en lo que va de legislatura, el Gobierno andaluz ha agotado todos los plazos de respuesta sin contestar en un total de 458 expedientes. Según explicó Rojas, estos datos responden a un “exhaustivo estudio” del PP y “ponen de manifiesto que ni PSOE-A ni IU quieren que sepamos cuáles son las cuentas reales que maneja el bipartito en Andalucía”, algo por lo que han pedido “amparo” al presidente del Parlamento, Manuel Gracia.
Rojas desglosó en dos grandes bloques las peticiones de su grupo: las solicitudes de información por escrito al Consejo de Gobierno (que deben ser contestadas en 30 días hábiles), y por otro, las preguntas que registran los diputados para su contestación por escrito (con 20 días como plazo de respuesta). En el primer caso, el PP-A ha registrado 806 solicitudes de información, de las cuales, “394 están pendientes contestación aún del Consejo de Gobierno y 214 han agotado ya todos los plazos legales previstos sin que el Gobierno del bipartito haya dado información sobre lo que se le pide”.
