El Parlamento andaluz convalidó ayer por sólo tres votos de diferencia -53 a favor y 50 en contra- el controvertido plan de reequilibrio financiero , que modifica unos 3.700 millones del Presupuesto autonómico de 2012, alrededor de mil en los ingresos y 2.700 millones en gastos, de los que la partida más significativa será el ahorro de 747 millones en las nóminas de los empleados públicos. Los recortes se aprobaron con los votos del PSOE y diez de los doce diputados de IU, y el rechazo del PP. Tras una semana de tensión interna en las filas de la coalición, incómoda por firmar unos ajustes contrarios a su programa, el grupo asumió el mandato de la dirección del partido y respaldó al Gobierno andaluz.
La aprobación ayer del plan de ajustes no sólo ratifica el compromiso de la Junta con el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% del PIB. Las dos fuerzas que conforman el Gobierno de coalición (PSOE e IU) han superado una difícil prueba de convivencia, que se ha visto sacudida peligrosamente 50 días después del inicio de la legislatura.
Pese a todo, en las filas de IU hubo dos disidencias, la de Juan Manuel Sánchez Gordillo, que adelantó su viaje de regreso de Atenas para votar en contra, y la de Marina Segura, diputada por Sevilla a quien la comisión ejecutiva del PCA dirigió una carta una hora antes del inicio del pleno para pedir que votara no "por lealtad al programa electoral y al discurso defendidos ante los trabajadores". Estos dos parlamentarios fueron los únicos que votaron en contra de que el decreto del plan de ajustes aprobado se tramite como proyecto de ley en el Parlamento para que los grupos, sindicatos y agentes sociales puedan introducir modificaciones al texto vía enmiendas.
De la pugna interna que ha vivido IU esta última semana por el apoyo de la dirección a los recortes ha quedado esta cicatriz, mucho menor de lo que aparentaba hace unos días, cuando el vicepresidente y coordinador regional, Diego Valderas, vaticinó "la caída del Gobierno andaluz" si no apoyaban el plan. Valderas ninguneó ayer los dos votos de rechazo ("son juegos de artificio", dijo) y se mostró "henchido" tras la votación. El coordinador regional se ve fortalecido ante los sectores más críticos de su organización. También ha logrado frenar la línea de ataque del PP, que busca en las "contradicciones ideológicas" de la izquierda una brecha por donde clavarle un puñal al Gobierno de colición. Ayer, el portavoz del PP, Carlos Rojas, cerró su turno apelando directamente a IU para que bloquease el plan: "Tienen en sus filas ya dos voces disidentes. Pueden forzar al Gobierno a rectificar o pueden dejarse engullir por los socialistas.
Fue un debate acalorado -con advertencias por parte del presidente Manuel Gracia- porque la estrategia de los tres partidos era la misma: responsabilizar al otro de la autoría de los recortes. "Demagogia, incoherencia, reproches y contradicciones" fueron palabras intercambiables, escritas en los discursos de los tres partidos: PSOE e IU obligaron al PP a mirarse en el espejo de otras comunidades "donde han privatizado, eliminado servicios públicos y despedido a interinos", y los populares respondieron que "para sanear las cuentas en Andalucía había otro camino, la reforma de la estructura política y burocrática que ha creado el PSOE en estos 30 años, y eliminar contratos blindados del sector público, por ejemplo". El portavoz de IU, Ignacio García, pareció querer justificarse ante los empleados públicos que protestaban en la puerta del Parlamento por la bajada salarial.
"Habrá quien diga que puede recortarse menos a los trabajadores públicos, sí, pero a costa de la prestación farmacéutica, gastos educativos e invesión pública que crea empleo", dijo. El socialista José Caballos dirigió su discurso al PP: "Estas decisiones a las que nos obligan ustedes ni las apoyamos ni las compartimos y las vamos a combatir en el Parlamento, en los tribunales y en la calle".
El plan de ajuste forzará una reducción del 5% de media en la nómina de los 270.000 empleados públicos, del 10% en la jornada y el sueldo de los interinos, una reducción del 7,5% en los ingresos del presidente y los consejeros. La Junta suaviza estos ajustes para evitar que ningún empleado público cobre menos de mil euros. También ha puesto límite a las medidas, que serán reversibles en diciembre de 2013 si la economía ha mejorado.