La dirección regional de IU, que coordina Antonio Maíllo, ha convocado la semana próxima en Sevilla a los 80 alcaldes de los municipios que gobiernan para concretar la fórmula común que garantice un mínimo de luz y agua para familias desfavorecidas. En realidad el modelo ya lo tienen elegido, es el que desde hace meses desarrolla el Ayuntamiento cordobés de Medina Sidonia, pionero en implantar una medida que IU, desde la Junta, no logra hacer prosperar.
En Medina Sidonia, el Consistorio articula tres fórmulas para garantizar un mínimo vital de electricidad y agua para los parados de larga duración (más de un año): el aplazamiento del pago de las facturas; el fraccionamiento de dichos pagos o, en casos extremos, la asunción por parte del Gobierno municipal de la deuda pendiente a través de los servicios sociales. En la reunión de alcaldes del próximo miércoles 19 de febrero se trabajará sobre este «procedimiento común», pero los requisitos y criterios variarán porque en unos municipios la gestión del agua está en manos del Ayuntamiento o bien mancomunada, por gestión indirecta a través de concesionarias o directamente el servicio está en manos privadas. En el primer caso, el acuerdo depende de la voluntad política. Con el resto deben buscarse soluciones con las empresas concesionarias.
Maíllo explicó ayer que su intención es hacer extensible esta medida a los otros 340 municipios donde IU tiene representación minoritaria, a través de pactos con otras formaciones (preferentemente el PSOE), aunque esto es algo que no ha sido posible en el ámbito del Gobierno andaluz. Los socialistas recelan de esta propuesta desde el principio (incluso la han tildado de beneficencia). El departamento del vicepresidente Diego Valderas, que prevé integrar todas las propuestas en un decreto ley antes del verano, intentó sin éxito que las eléctricas concedieran una moratoria en el pago de las facturas de invierno. Tampoco convenció a los ayuntamientos para que cubrieran por sí mismos esa necesidad básica.
Al final IU sigue adelante, en solitario, con los municipios que gobierna. Maíllo asegura que es un «complemento» al decreto ley más ambicioso que trabaja Valderas, y que aún no han abandonado. El líder de IU advierte de que tras la reforma local del Gobierno central se esconde «el negocio de la privatización del agua y la gestión de recursos», que buscan, dice, los empresarios que tuvieron que abandonar el sector del ladrillo con la crisis.
