El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha manifestado su total rechazo a la suspensión de las condiciones de adjudicación de viviendas sociales que el PP ha aprobado este miércoles en el seno del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, al tratarse de una medida "completamente desacertada y suicida en los tiempos que corren".
Para Rodrigo Torrijos, esta decisión, que ha sido adoptada con el voto en contra de Izquierda Unida, supone en la práctica el "certificado de defunción" de las políticas de solidaridad que el Gobierno local anterior había logrado poner en marcha en la ciudad a través de la constitución del Parque Social de Vivienda y la creación de la Oficina de Atención al Inquilino en situación de abusos (Otainsa), instrumentos que, cabe recordar, el PP eliminó nada más comenzar el presente mandato.
Torrijos ha calificado de "auténtica injusticia" que el PP paralice sine die los criterios correspondientes a la entrega de pisos sociales en un momento tan difícil como el actual, en el que "estamos asistiendo diariamente al lanzamiento constante de desahucios de familias que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar la hipoteca o el alquiler de sus casas y en el que proliferan las ocupaciones de viviendas por necesidades sobrevenidas".
Del mismo modo, Torrijos no comparte los motivos esgrimidos por Urbanismo, desde donde se defiende esta "ocurrencia" asegurando que la interrupción de este proceso es sólo temporal y que se decreta para mejorar la normativa actual. "También era provisional la supresión del Plan Municipal de Vivienda y llevamos más de un año esperando el nuevo", ha aseverado el portavoz de IU, quien recuerda que las únicas promociones entregadas por Zoido en este mandato son consecuencia de la "herencia recibida que tanto denosta". "Y eso que se comprometió a ejecutar 1.000 pisos protegidos al año", ha apostillado.
En esta línea, Torrijos ha criticado el "endurecimiento de los requisitos" respecto a la concesión de las futuras viviendas sociales. Y es que, según ha afirmado, "con la excusa de ampliar y profundizar las normas de adjudicación, el PP lo que busca en el fondo es establecer trabas burocráticas adicionales, generar la confusión entre la ciudadanía y reducir el espectro de beneficiarios".
La eliminación de la atención especial a aquellos casos en los que exista una minusvalía superior al 65%, la obligatoriedad de que los contratos de arrendamientos tengan que ajustarse a una duración inferior a un año o el intento de subir las rentas a los adjudicatarios son algunas de las pautas más preocupantes y perjudiciales que, según Torrijos, el PP se ha propuesto imponer con su nuevo planteamiento.
Por todo ello, el portavoz municipal de IU ha exigido a Zoido que dé un giro de 180 grados a la nula política que viene desarrollando hasta la fecha en esta materia, a la par que le ha reclamado la recuperación del Consejo Municipal de la Vivienda para que los criterios de adjudicación no sean potestad exclusiva del Gobierno local, sino también de los agentes sociales y las entidades solidarias sevillanas.
