IU da un ultimátum al PSOE para quitar directivos y entes públicos

Los socios del PSOE en el Gobierno confían en tener una auditoría del sector público antes del 31 de enero

el 25 oct 2013 / 22:34 h.

Cuando Izquierda Unida insiste en que la negociación del Presupuesto andaluz, que se aprobará el próximo martes y que llegará al Parlamento al final de la semana que viene, sigue abierta, cabe una pregunta: ¿qué queda por negociar a apenas 72 horas de que el proyecto de ley llegue al Consejo de Gobierno? El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, insiste en esa tesis de que aún hay flecos por cerrar y añade un nuevo plazo. IU está presionando para que antes del 31 de enero como fecha tope el grupo de trabajo para analizar el sector público andaluz anunciado por la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante su investidura tenga ya resultados. Exigen un diagnóstico firme sobre qué es “lo superfluo” que se puede eliminar para ganar margen en el Presupuesto más estrecho y complicado de la historia autonómica. En ese mismo plazo, tres meses, confían en que se haya avanzado en nuevas fórmulas de política fiscal. No solo apuestan por nuevos impuestos, otra de las aspiraciones de IU que los socialistas han dejado en la cuneta en las próximas cuentas, sino también por nuevos mecanismos que permitan hincar el diente de verdad al fraude fiscal. En una entrevista con El Correo, que se publicará mañana domingo, el vicepresidente andaluz y cabeza más visible de IU dentro del Ejecutivo, deja muy claro que su partido es “muy sensible”con los temas de personal y lamenta la decisión de volver a eliminar los complementos autonómicos a las pagas extras de Navidad y verano que cobran los empleados públicos. En unas cuentas en las que hay que recortar 1.200 millones de euros por imperativo del Gobierno central, la prórroga de esta decisión –que ya se aplicó en 2012 y 2013– supone un ahorro de 322 millones. IU admite que el margen es muy estrecho, pero sí confía en poder revocar parcialmente esta decisión, duramente contestada por los sindicatos, que ya han anunciado movilizaciones, mediante una reforma del sector público que salve todos los entes relacionados con sanidad, educación y servicios sociales y suprima aquellas fundaciones, agencias y consorcios que ahora mismo puedan no estar justificadas. La línea de trabajo de los socios de Gobierno es la que aplicó la consejera de Fomento, Elena Cortés, que suprimió –llegando hasta los tribunales– el 50% de la estructura directiva de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), con el despido de 30 directivos y la eliminación de pluses salariales e indemnizaciones. Este punto de la negociación presupuestaria, admiten, es el más tenso. La Consejería de Hacienda será la que deba hacer ese diagnóstico del sector público al que IU pone fecha en forma de ultimátum. Según los datos del propio Gobierno andaluz, los recortes ya han llegado en buena medida al sector público, pero todavía cabe –indican– un 10% de reducción para un entramado de empresas públicas que, ya han advertido en la futura ley presupuestaria caerá por encima de la media. En el Presupuesto en vigor, 2013, las transferencias a las empresas públicas ya sufrieron una bajada de un 11%, suponiendo 3.064 millones en unas cuentas de 30.000 millones. Se contabilizan unas 28.000 personas trabajando en las empresas públicas, que absorben una partida para nóminas de 800 millones. Una cantidad pequeña comparada con los 9.000 millones que representan los gastos de personal para la administración. Según la web del Ministerio de Hacienda, Andalucía cuenta con 245 entes instrumentales (tenía 370 en 2010) que han reducido un 4% su personal (con 1.254 despidos), con un ahorro de 31 millones.

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