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IU deja solo al PSOE en la reforma del sector público

Los socialistas aprueban el dictamen. El PP lo tilda de «chapuza» y el PSOE le exige que no «manipule»

el 08 feb 2011 / 21:00 h.

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El proyecto de ley de reordenación del sector público pasó ayer su último trámite antes de ser aprobado en el pleno del Parlamento el próximo día 16. La mayoría socialista permitió que la comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara diera luz verde al dictamen sobre el polémico proyecto de ley. IU se abstuvo, el PP votó en contra y no se incorporaron nuevas enmiendas. La comisión escenificó de nuevo la bronca política entre socialistas y populares, que protagonizaron un duro cruce de acusaciones sin moverse de las tesis que llevan meses defendiendo.


El portavoz del PP Jorge Ramos criticó que la tramitación parlamentaria del decreto -que mantiene en pie de guerra a los sindicatos con la Junta- ha sido una "chapuza" y que el único objetivo de este proyecto de ley es "blanquear y consolidar una administración paralela alejada de los controles". Desde el PSOE, José Caballos acusó a los populares de "enredar, mentir y manipular", de "no saber leer" las enmiendas de su partido y de acudir a la negociación con un no de antemano. Se afanó en desmontar los argumentos del PP -que ha pedido la derogación del texto- y en garantizar que ningún funcionario perderá su empleo ni sus derechos. "Nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que no ha ganado", aseguró. En medio, una IU conciliadora que se abstuvo del dictamen y votó que sí a un grupo de enmiendas del PP. Su modelo alternativo de sector público no convence a los grandes partidos.


En el rifirrafe político se colaron los reproches del PP a la Junta por el "descontrol" en la tramitación de los ERE irregulares. "Hablemos de los ERE que haría Rajoy [líder del PP] imitando a Cameron [primer ministro británico]", replicó Caballos después de que Jorge Ramos recordara que el ex presidente Felipe González cree que hay que "echar a funcionarios".

Grescas aparte, el proyecto de ley camina hacia su aprobación definitiva sin grandes novedades. La reforma creará 14 agencias para suprimir, por fusión o absorción, 111 empresas públicas y ahorrar así 180 millones. Las agencias integrarán a 3.000 funcionarios y laborales de la Junta y 20.000 contratados de las empresas públicas que se extinguirán. El PSOE incorporó las garantías reclamadas por CCOO y UGT para dejar claro que nadie será funcionario sin opositar y explicitó que los directivos de las nuevas agencias serán funcionarios de carrera. Pero los sindicatos ya han avisado de que la aprobación del proyecto de ley no traerá la paz con la Junta. Los recursos judiciales y las movilizaciones en la calle siguen vivos.

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