Las primeras discrepancias entre PSOE e IU en la negociación de los próximos Presupuestos autonómicos se están dirimiendo a corazón abierto, al contrario de lo que sucedió el año pasado. Dos días después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometiera con el presidente de la patronal a no incluir más carga fiscal en las cuentas de 2014, el socio de Gobierno (IU) ha replicado que, en realidad, sí habrá más impuestos.
La coalición de izquierdas no está dispuesta a que se repita el mismo escenario que el año pasado, en el que hubo que aplazar sine die la aprobación de un nuevo impuesto ecológico para gravar a las grandes superficies comerciales. El PSOE se opuso a que esta norma formara parte de la ley de presupuestos de 2013, y luego se resistió durante todo el año a remitirla al Consejo de Gobierno.
Para entender esta aparente contradicción entre socialistas e IU, la federación ha remitido a sus socios al pacto de Gobierno que firmaron en el inicio de la legislatura. Lean el acuerdo por Andalucía. Ahí es donde se habla de si debe haber más impuestos o no. Y eso obliga al PSOE y a IU, aseguró ayer el portavoz parlamentario José Antonio Castro. La coalición entiende que la patronal andaluza, en defensa de las grandes firmas comerciales, está presionando a la Junta para frenar el nuevo impuesto.
Al ver vacilar de nuevo a los socialistas, y al escuchar al presidente de la CEA, Santiago Herrero, asegurar que Díaz le ha prometido que no habrá más impuestos, IU se ha puesto a escrutar el discurso de investidura de la presidenta para medir cada palabra. En él Díaz rechaza cargar a la población con más impuestos algo que defiende la coalición pero también dice que apoya una fiscalidad progresiva que obligue a pagar más a quien más tiene. La discrepancia entre PSOE e IU no está en el discurso, sino en la puesta en práctica. El socio de Gobierno ha tomado la decisión de no ceder un año más y quiere incluir en los Presupuestos de 2014 la tasa a las superficies comerciales. El impuesto afectaría a grandes firmas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o MediaMarkt (casi 400 en Andalucía) y reportaría a la Junta entre 15 y 20 millones de ingresos extras. Ese dinero sería inmediatamente reinvertido en el pequeño y mediano comerciante, que representa más del 90% del sector del comercio en la comunidad.
Castro recordó ayer al PSOE-A que el pacto firmado entre las dos formaciones al inicio de la legislatura les obliga a que haya más impuestos en la comunidad. No se trata de gravar a la mayoría social, que ya está machacada, sino a personas jurídicas, que deben contribuir más, dijo.
Faltan ingresos // El 85% del presupuesto andaluz lo integran fondos externos, bien de la UE, bien del Estado. Ambas partidas se verán recortadas ostensiblemente, como ya ocurrió el año pasado, obligando a la Junta a husmear un año más las cuentas para decidir dónde recortar gasto público. Desde que gobierna, IU no deja de martillear con un mensaje didáctico, que de tanto repetirlo suena como si tratara de autojustificarse ante sus bases: la Junta es una unidad de gasto, no de ingresos.
La comunidad apenas tiene competencias para gestionar sus ingresos vía impuestos. Pero existe un cierto margen legal, e IU está dispuesto a explotarlo mucho más. En esta línea se encuentran los impuestos progresivos, que graven más a las rentas de capital que a las del trabajo, o los impuestos ecológicos, como la tasa a las grandes superficies. Estamos instalados en el perverso debate de los gastos y la contención a través de las limitaciones que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el maldito artículo 135 de la Constitución, afirmó Castro, informa Europa Press. El límite en el déficit del 1% del PIB, impuesto por el Gobierno, obligará a la Junta a afrontar nuevos recortes en las políticas sociales.
