Izquierda Unida no quiere que pasen otros 17 años para que se celebre una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, como ha ocurrido con el caso del supuesto fraude de ayudas sociolaborales a parados y empresas en crisis. El diputado de IU y presidente de la comisión parlamentaria que investiga el caso ERE, Ignacio García, anunció ayer que en el dictamen final va a figurar la regulación y normalización de las comisiones de investigación en el Parlamento, lo cual "no tiene que llamar la atención en democracia", aseguró.
La comisión sobre las supuestas irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 se ha celebrado, sobre todo, por iniciativa de IU. En la pasada legislatura, la oposición (tanto la coalición de izquierdas como el PP) pidió al Gobierno andaluz socialista en repetidas ocasiones la celebración de una comisión investigadora, pero la Junta se negó una y otra vez, aduciendo que se usaría como herramienta electoral antes de las autonómicas. Una vez pasados los comicios, ya con el Gobierno de coalición PSOE-IU en ciernes, la formación que dirige Diego Valderas incluyó la investigación del caso ERE en el Parlamento como uno de los puntos del acuerdo de gobierno.
El dictamen final de la comisión ERE se conocerá a finales de este mes. Debe haber un texto único con las conclusiones que pacten los grupos (PSOE, PP e IU), aunque cada uno exponga por separado su análisis sobre lo ocurrido e incluya sus objeciones en un voto particular al dictamen definitivo. García reconoció ayer, en Cádiz, que aún no se ha pactado la inclusión de una fórmula para normalizar las comisiones de investigación parlamentaria en el dictamen final, pero tiene claro que "la aportación de IU es decisiva", lo cual "no creo que deba molestar a nadie", apuntó. Dicho de otro modo, el voto de IU se ubica en un punto equidistante entre el PP (cuyo pretensión máxima es que la comisión exija responsabilidad política a Griñán y a Chaves) y el PSOE (que prefiere amortiguar el golpe e insiste en que el fraude no estaba institucionalizado, sino que se debió a unas pocas personas que hicieron un mal uso del dinero público). En ese punto intermedio, la coalición de izquierdas está segura de que puede apuntalar el uso habitual de las comisiones de investigación a partir de ahora.
García argumentó que en su partido son partidarios de las comisiones de investigación, aunque "tampoco creo que sea bueno banalizarlas". Es decir, "no es de recibo, ni la ciudadanía entiende, que un Parlamento como el de Andalucía haya estado 17 años rechazando comisiones de investigación, aunque tampoco lo es que haya una cada mes", ya que eso acabaría por "degradarlas".
INVERCARIA
Sobre el informe final del caso ERE, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que el nuevo documento remitido por el exinterventor general Manuel Gómez a la comisión admite que "nadie percibió que había menoscabo de fondos públicos". En el documento, Gómez se pregunta si no "habría sido oportuno (que no legalmente preceptivo) que el entonces consejero de Hacienda -el actual presidente José Antonio Griñán- hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías". Vázquez dijo ayer que "estamos en un debate de carácter administrativo y no de legalidad, porque es una cuestión de interpretación de las leyes y ésta es una opinión del exinterventor general que no coincide con la de la Junta".
Al presidente de la comisión de los ERE, Ignacio García, también le preguntaron si considera conveniente una comisión de investigación sobre el caso de la sociedad pública de capital de riesgo de Andalucía, Invercaria. García prefirió no pronunciarse, ya que actualmente se está "inmerso" en el dictamen final de la comisión de los ERE y, según el reglamento, no puede haber otra comisión en lo que queda del periodo de sesiones. García pidió "esperar" a los resultados de la investigación policial y judicial.
