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IU pide a la Junta 4.000 millones de anticipo para los ayuntamientos

IULV-CA ha pedido hoy a la Junta que destine a la financiación de los ayuntamientos andaluces una dotación de 4.000 millones como anticipo a cuenta de la aplicación de la futura ley de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad, una cantidad que reclama con carácter no finalista.

el 16 sep 2009 / 05:50 h.

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IULV-CA ha pedido hoy a la Junta que destine a la financiación de los ayuntamientos andaluces una dotación de 4.000 millones como anticipo a cuenta de la aplicación de la futura ley de participación de las corporaciones locales en los tributos de la comunidad, una cantidad que reclama con carácter no finalista.

La federación de izquierda ha planteado esta reclamación al considerar que tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como la Junta de Andalucía "han incumplido" su compromiso y los acuerdos parlamentarios de que la financiación local sea resuelta en paralelo al nuevo sistema de financiación autonómica que fue aprobado el pasado miércoles, cuando la situación financiera de las corporaciones es "más perentoria" que la de las comunidades.

Al margen de las negociaciones que mantenga el Gobierno con la FEMP el próximo martes para abordar la financiación local, el Ejecutivo andaluz ha adquirido el compromiso de llevar al Parlamento antes de final de año la leyes autonómicas de Régimen Local, que regulará las nuevas competencias municipales, y la participación de las corporaciones en los tributos de la comunidad, cuyo finalidad es incrementar la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Para intentar consensuar ambas, un grupo de trabajo formado por todos los partidos confecciona en el Parlamento un dictamen, cuyo desarrollo ha sido criticado hoy en rueda de prensa por el coordinador de IU, Diego Valderas, quien ha lamentado que, "una vez más, el PSOE-A se quiere quedar corto y por detrás" de comunidades como Cataluña.

"Las leyes son de marcada urgencia y tan importante para los ayuntamientos como el Estatuto, por lo que no aceptaremos el encorsetamiento y una descentralización política a la baja para las corporaciones, más teniendo en cuenta la precaria situación económica que están padeciendo", ha advertido.

El grupo de IU ha presentado en la Cámara un documento propuesta sobre las líneas en la que se debe basar la nueva ley de Régimen Local de Andalucía en el que se recoge el aumento de la financiación de los ayuntamientos hasta el 33 por ciento de los recursos del Estado, un marco competencial con transferencias claras o incluir en esta norma una disposición adicional que refleje lo que esta formación denomina como "deuda histórica" de la Junta con los ayuntamientos.

Dicha deuda histórica, que IU no ha cifrado y de la que se están haciendo estimaciones en la FEMP y la FAMP, se basaría en las cantidades que los ayuntamientos han tenido que aportar por ejercer competencias "impropias", es decir de la Administración autonómica, o competencias delegadas "mal dotadas" económicamente, ha explicado la secretaria de Relaciones Institucionales y Política Municipal, Elena Cortés.

Cortés ha demandado también a la Junta que, antes de aplicar la futura ley de participación de las corporaciones en los tributos de la comunidad, destine un anticipo a cuenta de 4.000 millones para los ayuntamientos en fondos no finalistas, y ha exigido al Ejecutivo andaluz que abandone en materia municipal su "política autista".

"A sabiendas, lo que viene haciendo la Junta con los ayuntamientos desde hace años es un atraco a mano armada, sisando sus recursos financieros cuando es la administración más cercana a los ciudadanos", ha denunciado.

Los dos dirigentes han insistido en la idea de que la "gran víctima" de la financiación autonómica han sido los ayuntamientos, los "grandes olvidados" de la democracia, y en que la Junta se limita a "reconocer el problema sin aportar soluciones".

Además de estas reivindicaciones, IU solicita establecer en la ley de Régimen Local la creación de un estatuto del cargo público que regule las retribuciones máximas por parte de los ayuntamientos, los cargos de confianza y las dotaciones mínimas de los grupos de la oposición.

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