I. Campanario / E.P. Aunque se trataba de evitar, finalmente se ha abierto la batalla entre provincias a cuenta de los efectos y del impacto que tendrá el dragado del río Guadalquivir, una obra que permitiría el acceso al Puerto de buques de gran calado y que completaría el proyecto iniciado con la nueva esclusa que absorbió una inversión de 160 millones de euros. Desde IU en Huelva, su responsable provincial de Organización, Francisco Javier Camacho, anunció ayer que su formación va a promover un frente común en Huelva junto con Cádiz en rechazo al proyecto por los daños medioambientales y los perjuicios económicos que va a provocar en ambas provincias. Así, se van a dirigir por escrito al presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; a las direcciones provinciales de CCOO y de UGT en Sevilla los sindicatos forman parte de la plataforma a favor del dragado, al presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Antonio Ponce, y a la presidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, para pedirles que muestren su rechazo. Señaló que la Diputación de Cádiz, gobernada por el PP, ya ha aprobado por unanimidad su posición contra este dragado, para lo que cuenta con el respaldo de los sindicatos, autoridades portuarias y representantes empresariales de esa provincia. Camacho detalló que el dragado es una actuación que va a provocar pérdida de puestos de trabajo en los cultivos de regadíos de Huelva, Cádiz y Sevilla; va a perjudicar a los puertos de Huelva, Cádiz y Algeciras y va a generar daños medioambientales en Doñana y su entorno. Por ello, pedirá que la Diputación de Huelva apruebe una declaración institucional contra el dragado en su próxima sesión plenaria. Desde Sevilla, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, lamentó que se haya entrado en el debate de los localismos, que tildó de despropósito. A su juicio, por ese camino el problema que tenemos los puertos andaluces es que se va mucho volumen de mercancía fuera de Andalucía a otros puertos como Alicante o Valencia y apostilló que ese tráfico podría absorberlo la comunidad andaluza. Para IU, el dragado que supondría una inversión de 31 millones, financiados al 80% por la Unión Europea, es una obra que no debería ejecutarse porque solo beneficia al Puerto de Sevilla, mientras que perjudica a Cádiz y a Huelva, a la producción agrícola de toda la zona, indicando además que producirá daños medioambientales en Doñana. El impacto sobre Doñana y los cultivos en las márgenes del río son el epicentro de la polémica. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo la semana pasada que esta intervención no se puede hacer de manera automática sin resolver esas cuestiones y señaló que aún no conoce el proyecto ni si requerirá nueva evaluación ambiental, tras la declaración positiva otorgada en 2003. El portavoz socialista Juan Espadas le reclamó así al ministro que aclare cuáles son sus planes para la mejora y gestión integral del estuario porque eso es lo prioritario para que más adelante pueda ser posible el dragado. Y, mientras el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, afirmó que su partido, tanto a nivel regional como local, está claramente a favor del dragado y negó que Arias Cañete se haya posicionado, desde IU, el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, pidió a Zoido que no se vuelva loco buscando otro proyecto estrella inviable como éste.
