IU llevará en su programa electoral la ampliación del Parque Social de viviendas y una modificación de los actuales criterios de adjudicación, con el fin de que sean cubiertos los casos de personas con un nivel bajo de ingresos que, tras perder su empleo, sean desahuciados por el banco de su vivienda por no poder afrontar el pago mensual de la hipoteca.
Como ha explicado el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, "el Parque Social de viviendas, gestionado a través de la Oficina Técnica para la Atención de los Inquilinos en Situación de Abuso (Otainsa), nació en 2004 por el impulso de IU y en estos años se ha revelado como una herramienta magnífica para garantizar el derecho a la vivienda de los sectores sociales más desfavorecidos".
Por ello, la intención de IU para el próximo mandato es "incrementar los recursos, ampliar el número de viviendas del parque y poder cubrir los desahucios hipotecarios, que es una problemática social cada vez más frecuente que tenemos la obligación de atender desde lo público".
Explican así que esta propuesta que plantea Izquierda Unida cuadra completamente con la filosofía del Parque Social, cuyos criterios de adjudicación parten de la premisa de que el potencial adjudicatario haya perdido su anterior domicilio por una causa no imputable a sí mismo.
De esta forma, se incluirá un nuevo cupo con el que cubrir a las personas que cumplan tres criterios: no tener ingresos superiores al Iprem, estar en situación de desempleo y ser desahuciado por el impago de esta hipoteca. Se mantendrían vigentes, a su vez, los actuales requisitos, por lo que seguirían optando a un piso los mayores de 65 años con escasos recursos, los casos de emergencia social y los de realojo temporal urgente a causa de una obra debida al mantenimiento del deber de conservación del inmueble.
La vivienda adjudicada se concedería, tal y como se viene haciendo actualmente, en régimen temporal hasta que cesen las causas que motivaron la adjudicación. Los inquilinos sólo deben pagar un 5% de sus rentas, por lo que una persona con una prestación de 500 euros sólo debe abonar 20 euros mensuales por el alquiler del piso, puesto que la finalidad de esta iniciativa no es económica sino social.
Para Rodrigo Torrijos, "Izquierda Unida quiere jugar un papel activo desde la política contra los abusos cometidos por el poder financiero, que sortea los derechos de los consumidores y está situando a muchas familias sevillanas en una situación de extrema necesidad".
