La fórmula alternativa que propone IU pasa por que las 14 agencias que se crearán -para suprimir 111 empresas públicas por fusión o absorción- sean del mismo tipo: agencias administrativas (como la estatales de Meteorología o Hacienda) adscritas a una Consejería y sujetas al derecho administrativo. Todo el personal fijo de estas agencias debe ser funcionario o laboral de la administración, aunque IU propone que los 20.000 trabajadores externos de los entes que desaparecen se integren con sus contratos actuales "en puestos no estructurales ni permanentes", según explicó el diputado Pedro Vaquero.
El texto actual prevé que haya también agencias de régimen especial y empresariales públicas -algunas regidas por el derecho privado- en las que se integren tanto funcionarios y laborales de la administración como los contratados de las empresas públicas que desaparecen, cada uno con sus derechos laborales y se reservan competencias que sólo pueden ejercer los funcionarios a éstos. UGT y CCOO presionaron para que esto se aclarara en el decreto y pactaron con la Junta modificarlo en un segundo texto que sirve de base al proyecto de ley y al que han propuesto más cambios que PSOE e IU incorporarán a sus enmiendas.
Según Vaquero, el PSOE estaría dispuesto a estudiar esta posibilidad si los sindicatos de funcionarios renuncian a la derogación del texto y a partir de cero. Vaquero se reunió con el diputado socialista José Caballos, que no dio cuenta del resultado del encuentro. Pero antes del mismo, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, defendió que el modelo de agencias de régimen especial y empresariales "ya funciona en Andalucía y jamás nadie lo ha impugnado" y que convertir todas en agencias administrativas "no resolvería el proceso de reordenación del sector público en el que existen funcionarios, laborales y externos".
Jiménez vinculó de nuevo el rechazo frontal de los sindicatos de funcionarios -que el sábado volvieron a reunir en Sevilla a 10.000 manifestantes contra la reforma y continúan sus protestas en actos públicos del Gobierno, como la de ayer en Córdoba contra el consejero de Cultura Paulina Plata- a una "estrategia electoral más que a la defensa" de los intereses de los trabajadores, ante la proximidad de las elecciones sindicales en la administración.
Desde Safja, Alfredo Pérez defendió que las agencias administrativas serían una buena solución pero tal como están previstas en la Ley de Administración de la Junta "sólo podría haber funcionarios", por lo que no ven viable la fórmula "híbrida" que propone IU. En cualquier caso, rechazan que los trabajadores externos de las empresas públicas se integren en la administración sin opositar "ni en puestos no estructurales ni estructurales". CSIF se reunió ayer con IU y estudia la propuesta, aunque su postura inicial también rechaza la integración de externos en la administración.
Mientras, desde el PP, la portavoz parlamentaria Esperanza Oña insistió en que sería "muchísimo mejor empezar de cero", aunque los populares presentarán sus enmiendas al proyecto de ley. No desveló su contenido pero sí las líneas rojas del PP para apoyar la reforma, que pasan por que en seis meses se presente al Parlamento un nuevo plan de reordenación negociado con los agentes sociales, que una memoria económica justifique la reforma y se aclare el número de altos cargos que se reducen, que sólo se fusionen entidades con la misma naturaleza y régimen jurídico y que antes de fin de año la Junta apruebe un código del buen gobierno del sector público.
