Izquierda Unida propone que se celebre en el Parlamento andaluz una segunda comisión de investigación, tras la fracasada sobre los ERE, que verse de la financiación de los partidos políticos y que permita destapar detalles como las donaciones privadas que han recibido PSOE, PP e IU en Andalucía en el último lustro o los bienes inmuebles y los créditos bancarios que atesoran los distintos partidos. Quieren ir "a la madre del cordero".
La propuesta, que fue lanzada ayer por el diputado Ignacio García y el portavoz parlamentario José Antonio Castro, la llevará a la recién reactivada comisión de financiación de los partidos, que ha salido del cajón veinte años después de su creación y que se ha dado el plazo de un mes para abordar medidas de transparencia. Si no prospera, aseguran que la registrarán como una propuesta que deberá debatirse en pleno.
IU cree que en este asunto tiene un filón porque el partido minoritario de la Cámara andaluza asegura que su cuenta de donaciones privadas, que suelen realizar grandes empresas, está a cero. Los socios del PSOE en el Gobierno andaluz se financian mayoritariamente de las cuotas de sus afiliados y del llamado ‘impuesto revolucionario', la parte del sueldo que donan obligatoriamente sus diputados y cargos públicos. Ésta ha sido la respuesta de IU a la petición del PP de que se cree una comisión de investigación sobre Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta que investiga los tribunales tras varias denuncias que ponen bajo sospecha las ayudas concedidas. Los dirigentes de IU no quieren un nuevo espectáculo como el que creen que se terminó dando con la comisión de los ERE, donde acabaron presos de las estrategias de los mayoritarios, PSOE y PP, y que acabó por arruinar un dictamen del Parlamento que fijara a los responsables políticos del presunto fraude. Quieren ir a por la mayor. Anuncian que no se conformarán con que los partidos aporten un catálogo de propuestas y medidas bienintencionadas para ganar transparencia. Su objetivo es una comisión de investigación que obligue a los partidos en Andalucía a desnudar sus cuentas más allá de la "virtualidad" de medidas que pueden tener encaje en la futura ley de transparencia de Andalucía o que se eleven al Congreso. En esta comisión, explican los diputados de IU, se pediría que los tesoreros de los partidos comparezcan para detallar aspectos como las donaciones recibidas en los últimos cinco años, los salarios de los dirigentes políticos, los liberados a sueldo de cada partido, sus bienes inmuebles o sus coches oficiales. IU asegura que esta medida no ha sido pactada con el PSOE y se limita a apuntar que ahora cada partido tiene la oportunidad de retratarse.
Tras estallar el escándalo del extesorero del PP Luis Bárcenas, que supuestamente pagó sobresueldos en negro a la cúpula de su partido, fue IU la que exigió que se reactivara la comisión de financiación de los partidos del Parlamento andaluz, creada en 1993 pero sin actividad desde entonces. ¿Hay indicios de alguna irregularidad? IU no se moja pero tampoco calla que tras las acusaciones que se cruzan los dos partidos mayoritarios siempre hay insinuaciones de presunta financiación ilegal a través de los ERE o Invercaria, en el caso del PSOE, o directamente de la trama Gürtel y su versión andaluza, en el caso del PP, con los contratos de varios ayuntamientos investigados.
IU ha puesto sobre la mesa 25 medidas a favor de la transparencia, entre las que se recoge esta comisión de investigación y también una reforma legal que permita reforzar a la Cámara de Cuentas, un órgano de extracción parlamentaria, en sus competencias para controlar la financiación de los partidos en Andalucía. Ahora mismo este órgano se limita a fiscalizar los gastos de las campañas electorales pero no profundiza más. Es el Tribunal de Cuentas, desde el ámbito nacional, el que audita a los partidos con una demora de más de cinco años, el último informe es de 2007.
Por su parte, el PP ha presentado nueve medidas que pretenden extender la obligación de hacer públicos rentas y bienes a los familiares de los altos cargos y a los directivos de las empresas públicas. El PSOE apuesta por eliminar las donaciones y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha abogado por prohibir los sobresueldos a los dirigentes políticos.
