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IU se suma a una ley de aguas "antidespilfarro"

El PP insiste en que «exprime el bolsillo del usuario»

el 25 nov 2009 / 19:53 h.

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La Ley de Aguas ya está en el Parlamento. Tras su debate ayer en pleno, comienza su periplo en comisión por el que sufrirá adiciones, recortes y modificaciones, hasta ser aprobada a inicios del año próximo. La Cámara vio el texto con un mes de retraso sobre el calendario previsto y después de incorporar el 80% del millar de las alegaciones presentadas por agricultores, ayuntamientos y ecologistas, tras meses de difícil negociación con amago de denuncia judicial incluida (caso de Asaja). Pasada la travesía del desierto, la ley se granjeó ayer incluso el apoyo entusiasta de Izquierda Unida, que presentará alegaciones parciales al documento pero que lo aplaude por "gravar a quien despilfarre", por convertir el agua en un "derecho humano" y por comprometerse a la "mejora de la calidad".

Esa triple bondad de la norma fue previamente glosada por la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien la defendió aludiendo a la necesidad y a la coyuntura. Necesidad porque la UE apremia y obliga a la comunidad a ponerse las pilas y cumplir con la directiva marco de agua con límite en 2015; coyuntura porque se ofrece la ley como una ayuda para remontar la crisis. Según recordó Castillo, la ley contempla la inversión de 1.500 millones de euros para construir 300 depuradoras, lo que generará unos 24.000 empleos. Esta inyección servirá para dar agua de calidad al 20% de los andaluces que aún carece de ella. Si Andalucía tiene seis años para llegar al ultimátum de Bruselas, con estas infraestructuras se podría cumplir con la meta dos años antes.

La norma -prometida en el Estatuto y posible gracias a la asunción de competencias sobre la cuenca del sur y la del Guadalquivir- contempla la creación de un canon sobre el agua que sancionará a quien la malgaste y pedirá un sobreesfuerzo a los ciudadanos para que ayuden a financiar estas infraestructuras. Castillo insistió en que habrá cuatro millones de andaluces que, como ya tienen un suministro digno, no tendrán que arrimar el hombro pagando más a fin de mes, pero no lo ve así el PP, que se agarró a esta subida para denunciar que la ley tiene un "afán recaudatorio, que exprime el bolsillo del consumidor" y que no busca la mejora de las infraestructuras, sino "el pago de la burocracia creciente" de la Junta. La consejera negó la mayor e insistió en que el precio estará en consonancia con el consumo de las familias y que quien contenga el gasto no tendrá problemas. La portavoz popular, Carolina González Vigo, le replicó que las facturas de las familias crecerán un 40%, a modo de "subida encubierta de impuestos". "Y no anuncien las depuradoras como un logro, que las prometió Manuel Chaves hace 10 años", reprochó.

En las gradas del Parlamento aplaudieron el primer trámite de la norma en la Cámara representantes de varias asociaciones agrarias, que destacaron especialmente la creación de un banco público de agua para realizar ofertas públicas de compra de derechos de uso y que garantizará que haya agua en función de las necesidades del campo, de zonas lluviosas a secas.

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