Una bicicleta sirve de soporte para los últimos enseres de las familias de la Corrala, que abandonaron ayer la Plaza Nueva al recibir las llaves de las viviendas. / Foto: Pepo Herrera
El decreto que ha emitido esta madrugada la presidenta Susana Díaz anula dos aspectos concretos del reglamento de vivienda protegida de Andalucía (decreto 149/2006) que desarrolla la ley de VPO de 2005. Uno de esos aspectos es el que atribuye a la Consejería de Fomento la potestad de seleccionar a los destinatarios de dichas viviendas. Este punto de la norma, el artículo 12, apartado 5, es justo al que se agarraba la dirección de IU para legitimar el realojo de las familias de la corrala de la Utopía. Dice este punto: No será exigible el principio de concurrencia en relación con los programas en los que se favorezca la integración social de los destinatarios, alojamientos de temporeros y en los realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales, al no poder existir concurrencia conforme a la naturaleza de los citados programas. El decreto de VPO, del 25 de julio de 2006 y por tanto creado por el Gobierno del PSOE, ya contempla como medida excepcional que la Junta pueda realojar a familias en riesgo de exclusión sin atender a la lista de demandantes. Por eso IU está convencida de la legalidad de su decisión que, en cambio, el PSOE niega taxativamente.
El otro artículo que afecta a la retirada de competencias a Fomento es el 13, que también regula las excepciones a la obligación de adjudicación mediante el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida. La consejería que dirige Elena Cortés esgrime los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento, que han baremado a la mayoría de las familias de la corrala como personas en riesgo de exclusión social, y con el resto han hecho lo mismo los técnicos de Fomento. Esos informes, que se han adjuntado a la documentación remitida al juez que ordenó en febrero buscar una salida a estas familias, están custodiados por el Defensor del Pueblo andaluz, que ha hecho un seguimiento de los afectados. La excepcionalidad que defendía IU viene en el segundo apartado del artículo 13: La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento. El fondo del asunto no sería tanto la supuesta ilegalidad de la medida, como denunció el PSOE, acusando a su socio de Gobierno de haber primado a unas familias sobre otras 12.000 inscritas en el registro de demandantes. La cuestión es que los socialistas creen que entre las familias de la corrala de la Utopía beneficiadas por esas viviendas hay algunas que no responden a los requisitos necesarios, algo que niega tajantemente IU, alegando que todas han sido baremadas por los servicios municipales y hay informes que lo demuestran.
A estas alturas, claro, la crisis de Gobierno no se dirime en discrepancias jurídicas, sino políticas. Después de que Díaz haya retirado las competencias de vivienda a sus socios, éstos están decidiendo si rompen el pacto de Gobierno o reconducen al situación, tratando de calibrar el coste político de haber sido arrinconados por el PSOE.
