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IU veta la instalación de cámaras de vigilancia en la vía pública

IU ha dado marcha atrás. Tras varios meses de negociaciones con los comerciantes para la instalación de cámaras videovigilancia en la vía pública, el portavoz de la federación, Antonio Rodrigo Torrijos, ha tomado la decisión de frenar esta iniciativa impulsada desde una de sus áreas, Economía y Empleo.

el 15 sep 2009 / 06:02 h.

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IU ha dado marcha atrás. Tras varios meses de negociaciones con los comerciantes para la instalación de cámaras videovigilancia en la vía pública, el portavoz de la federación, Antonio Rodrigo Torrijos, ha tomado la decisión de frenar esta iniciativa impulsada desde una de sus áreas, Economía y Empleo.

Torrijos realizó unas contundentes declaraciones sobre este proyecto: "En la disyuntiva entre seguridad y libertad, IU opta de forma incontrovertida por la libertad. Desde el Gobierno local no justificaremos el establecimiento de medidas de videovigilancia en las calles comerciales de Sevilla que limiten o restrinjan la libertad de las personas ni de circulación".

Con estas palabras el primer teniente de alcalde desautorizó las conversaciones mantenidas en los últimos meses entre uno de sus delegados, Jon Ander Sánchez, y la federación de comerciantes Aprocom. Además, queda en el aire el futuro del convenio firmado por el Ayuntamiento y la multinacional Indra. Ésta había alcanzado un acuerdo para realizar gratuitamente un estudio sobre la instalación de cámaras repartidas por las principales zonas comerciales y polígonos industriales de la ciudad, que pretendía implantar luego.

La decisión y las palabras de Torrijos han dejado en una delicada posición a Jon Ander Sánchez. El debate estaba abierto en el seno de la federación y del grupo municipal desde hace varias semanas.

Aunque todo estaba pendiente de las conclusiones del informe y de que se definiesen las líneas de financiación que debían acordar los empresarios y el Consistorio. Pero el portavoz de IU ha acelerado los pasos y se ha desmarcado del ritmo definido por su compañero del área de Economía y Empleo. Sus rechazo, según aclararon desde la federación, no incluye las cámaras de control de tráfico que se proyectan en los accesos del Centro.

Ha habido dos factores determinantes en este cambio de ritmo y en las palabras pronunciadas ayer por Torrijos. El primero, la resolución de la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitida el pasado mes de mayo sobre un proyecto similar presentado por los comerciantes y el Ayuntamiento de Granada (PP).

El modelo en esta ciudad se limitaba al Centro, pero las conclusiones iniciales de la máxima instancia judicial autonómica son aplicables a otros sistemas de estas características. La comisión aludió a la vulneración del "derecho a la intimidad" y a la "protección de los valores históricos del entorno". El TSJA ya puso trabas a la propuesta del Consistorio de Málaga (también del PP), pero en este caso, acabó dando el visto bueno a la iniciativa. El área de Empleo llevaba tiempo revisando los precedentes judiciales para adecuar el plan de Sevilla a los límites legales.

El segundo factor está en el seno de la federación de izquierdas. El Foro Social, un colectivo próximo a IU, inició esta semana una campaña contra la instalación de la videovigilancia. El pasado jueves, miembros de esta entidad contaron de forma simbólica las cámaras de seguridad -para control de edificios públicos y privados- repartidas por la ciudad. Y ya han difundido un manifiesto: "El proyecto supone un atentado contra nuestro legítimo derecho a la intimidad y a la propia imagen".

El anuncio realizado por Torrijos puede complicar las relaciones entre Empleo y los comerciantes. Pese a las reticencias iniciales, se había establecido un marco de colaboración basado en proyectos como el de la videovigilancia. Con esta modificación de la estrategia, la federación elude convertir a Sevilla en la primera capital no gobernada por el PP que controla sus calles con cámaras.

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