Un año después del brutal tsunami que arrasó parte de Japón y que acabaría provocando la catástrofe nuclear de Fukushima, el país sigue pagando las consecuencias de la desgracia y la sangría económica que le está suponiendo parece irrefrenable. Continúa además la polémica y el asunto dista mucho de estar zanjado. El alcalde de la localidad nipona de Futaba, Katsutaka Idogawa, comunicó el pasado jueves a la directora general de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), Naomi Hirose, que gestiona la central nuclear Fukushima-1, la compensación económica que exige para cubrir los daños provocados por la planta, a raíz del terremoto y el posterior tsunami que asoló la costa noreste de Japón hace casi un año, y que asciende a 237 millones de dólares (más de 180 millones de euros).
La localidad de Futaba es una de las ocho ciudades que conforman el condado del mismo nombre y que, en términos administrativos, compone todas las áreas colindantes a la central nuclear Fukushima-1. La factura remarca que el 90% del territorio de Futaba y el 100% de sus edificios han sido catalogados de inservibles y sin valor a causa del accidente.
El gobierno de Futaba planea reclamar una mayor compensación económica a raíz de los costes relacionados con la evacuación de los residentes que prosiguió al mayor desastre nuclear desde 1986, así como por la pérdida de inversiones privadas. Asimismo, demandará una compensación extra por los edificios y terrenos de propiedad pública dañados en virtud del código existente.