Sin dar demasiado bombo, la Comisión Europea está fraguando una reforma en el uso de los fitosanitarios con sensibles secuelas económicas para el campo. Es toda una batalla contra la agricultura convencional, que se suma a las de la agricultura ecológica e integrada y la de la lucha biológica.
Las producciones ecológica e integrada, la lucha biológica y, ahora, un cambio legislativo europeo sobre el uso de fitosanitarios están poniendo en jaque la utilización de herbicidas en la agricultura y, con ello, arrastrando a la baja los beneficios de una industria, la de agroquímicos, que tenía -aún tiene- en Andalucía su mayor mina española.
Pero si en los primeros casos es una opción voluntaria, pues, para el agricultor, en el último, la reforma comunitaria, es una imposición con severas secuelas para la productividad del campo.
La agricultura ecológica, método de producción sin abonos ni herbicidas de origen químico y que no hace sino trasladar la antigua usanza a la moderna agronomía de hoy, es una de las mayores apuestas de la Junta de Andalucía en materia agraria, y así se revela en el crecimiento tanto de la superficie agroganadera como de los operadores industriales que la adoptan.
En estos momentos, la superficie regional de agricultura ecológica roza la barrera de las 600.000 hectáreas (en torno a 6.500 agricultores y operadores industriales y comercializadores), más de la mitad de las existentes en el conjunto del Estado, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Y toda esta amplísima porción de tierra está, pues, libre de fitosanitarios.
A medio camino entre este quehacer verde y el convencional se coloca el integrado, al que cabe tildar de semiecológico, y en el que los tratamientos con fitosanitarios (para luchar contra plagas y enfermedades) no se ejecutan cuando al agricultor le da la real gana, como lo hizo toda la vida, sino cuando es imprescindible y así lo decide un agrónomo.
El mayor esfuerzo para implantar las producciones integradas -de hecho son los pioneros en España-, partió de los arroceros de Sevilla. Semejante apuesta no sólo entraña una reducción sustancial (60-70%) en el uso de fitosanitarios (con el consiguiente ahorro económico para el bolsillo), sino un innegable beneficio para la avifauna del entorno en el que se enclavan las marismas sevillanas, Doñana.
Precisamente hace ahora justo una década que se estrenó, y ya casi la práctica totalidad de los arrozales (38.000 hectáreas en años pluviométricos normales, sin sequía como el actual) se ha acogido a un método que ya han asumido también, entre otros grandes cultivos, el olivar, la remolacha, los cítricos, la fresa (sus primeros pasos datan de 1995), el algodón y la patata. ¿Cuánto terreno? Se acaba de rebasar el listón de las 300.000 hectáreas.
La lucha biológica es, hoy por hoy, una revolución en el campo almeriense, poco menos que un milagro verde. En suma, insectos buenos que se comen a los dañinos y que eliminan esa imagen, a su vez tan dañina, del agricultor con traje de protección y mascarilla fumigando su invernadero, que no ha pasado desapercibida a ojos de los medios de comunicación extranjeros, con el lógico desprestigio para Almería, la huerta de Europa. Esta guerra entre bichos se libra sobre una superficie actual rayana en las 19.000 hectáreas.
Pero hay más. En estos momentos, en Bruselas se está negociando un cambio en la legislación sobre el empleo de fitosanitarios. El borrador es tremendamente complejo pues atañe a las sustancias químicas que aquéllos contienen. En suma, lo que hace es evaluarlas no atendiendo al riesgo que comportan, sino a otras características intrínsecas que definen su peligrosidad. Por ejemplo, dice lo perjudicial que es este elemento químico, pero no a partir de qué porcentaje o cantidad lo es. Se trata, pues, de darle la vuelta al calcetín.
En efecto, en la legislación comunitaria que rige actualmente los fitosanitarios son catalogados "considerando todos los posibles riesgos,de manera que sólo se autorizan aquellas sustancias o productos cuyo riesgo es aceptable", explica la patronal Asaja de Sevilla en un informe en el que analiza el impacto económico de tal reforma.
Para hacerse una idea, agrega Asaja, la prohibición de determinadas sustancias perjudicaría a cultivos especialmente sensibles a enfermedades y ataques de hongos e insectos, como el algodón y las hortalizas, y a plantaciones de árboles tan andaluzas como son el olivar y los cítricos, obligando a buscar alternativas para plagas comunes como la de pulgones, ácaros o mosca blanca e incluso impidiendo el uso de los desfoliantes en los algodonales.
En su informe, menciona una ristra de secuelas, y entre ellas destacan el recorte de la productividad en los campos y de competitividad regional, al tiempo que advierte del desabastecimiento de algunas cosechas mediterráneas (por ejemplo, habla de una merma de hasta el 50% en el olivar), de la subida de precios en los cereales y, por ende, en los piensos para la alimentación del ganado y la mayor vulnerabilidad ante las plagas por la obligatoriedad de recurrir a fitosanitarios menos activos.
