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Jesús Jordano analiza la nueva ley de calidad ambiental

Por primera vez, una ley autonómica regula en Andalucía la calidad ambiental de las empresas. Sobre los logros y carencias de la nueva norma habló ayer Jesús Jordano, profesor de Derecho Administrativo, que defendió una mayor potestad en la materia para las corporaciones locales.

el 15 sep 2009 / 11:56 h.

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A. S.

Por primera vez, una ley autonómica regula en Andalucía la calidad ambiental de las empresas. Sobre los logros y carencias de la nueva norma habló ayer Jesús Jordano, profesor de Derecho Administrativo, que defendió una mayor potestad en la materia para las corporaciones locales.

Jordano fue el encargado de inaugurar ayer en la Escuela Universitaria de Osuna el curso La gestión integrada de la calidad ambiental en las pymes andaluzas y el responsable también de acercar a los alumnos una ley que aspira a hacer partícipe al sector del cambio a una gestión empresarial respetuosa con la naturaleza.

Durante su ponencia, analizó las novedades que introduce la ley respecto a la normativa estatal existente destacando que, "por primera vez se regula acerca de la contaminación lumínica, los deshechos de la construcción o los puntos limpios".

Sin embargo, aunque "se adelanta al Estado" en algunas cuestiones, Jordano fue también crítico con la ley andaluza. Así, abogó por dotar a las corporaciones locales de "mayor potestad reglamentaria en materia medioambiental", algo que no acaba de cuajar en la recién estrenada norma en Andalucía.

Esto, argumentó el profesor, podría evitar conflictos como los que han provocado las antenas de telefonía móvil en los últimos años y ante los cuales las corporaciones locales se han visto impotentes.

Jordano explicó que esta ley, aprobada en 2007, "obliga a muchísimo" aunque fue escéptico ante la posibilidad de que pueda ponerse en marcha inmediatamente el despliegue de desarrollo reglamentario que hace falta para ejecutarla al 100%.

Durante su intervención, Jordano se aproximó también a otros modelos autonómicos de regulación ambiental. Así, destacó los casos de Madrid, Murcia o el País Vasco que, dijo, al igual que el andaluz "han aportado cosas nuevas al estatal".

El profesor destacó el caso vasco donde, aseguró, al incluir el concepto jurídico de acción popular permite dotar de mayor importancia al papel de la ciudadanía.

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