El ex ministro socialista Jordi Sevilla es partidario de romper la vinculación actual entre pensiones y salarios y propone una transición a 20 años durante la cual se reduzcan las cotizaciones sociales y se cree un nuevo impuesto general sobre el gasto.
En la última entrada de su blog en internet, el ex ministro de Administraciones Públicas apuesta por implantar un impuesto general sobre el gasto vinculado al IRPF y a sociedades, cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado.
Por otro lado, aboga por unificar todas las pensiones en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.
Según detalla, la sanidad también era antes una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones, por lo que sólo accedían a ella los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones, hasta que años después se convirtió en un derecho sufragado con impuestos.
A su juicio, ha llegado el momento de hacer lo mismo con las pensiones, para transformarlas en un derecho de ciudadanía que discrimine su cuantía en función de una serie de variables, pero financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.
"Las pensiones no pueden depender de cuántos trabajen, sino de cuán ricos seamos como país, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta permiten desvincular ambos lados de esa ecuación", sostiene Sevilla.
Tras explicar que el actual sistema de seguros fue creado por Bismarck, Sevilla advierte de que un instrumento corporativo de política social concebido a finales del siglo XIX ya no puede seguir valiendo en el siglo XXI.
Su resumen es que si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, "habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible".
