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Jueces, fiscales, letrados y procuradore hacen frente común contra las tasas

Se han concentrado para denunciar que vulnera el derecho de la ciudadanía a la Justicia efectiva.

el 23 nov 2012 / 13:15 h.

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En la sala de vistas abogados y fiscales pueden defender intereses contrarios, conocido es el pique entre letrados y procuradores y todos dependen de lo que decidan los jueces con los que, obviamente, no siempre están de acuerdo. Pero la ley aprobada por el Gobierno central que impone a los ciudadanos la obligación de pagar una tasa si quieren reclamar sus derechos en los tribunales ha hecho que se alíen en un frente común contra una medida que, consideran, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Además, en el caso de colectivos profesionales como abogados y procuradores, supondrá una importante merma de trabajo e ingresos por el efecto disuasorio para los clientes que, a partir de ahora, a la minuta de su letrado y a los costes procesales en su caso, deberán sumar unas tasas fijas de entre 100 y 1.200 euros además de un porcentaje variable en función de la cuantía que reclamen o la indemnización que logren.

En realidad ese es uno de los efectos que persigue el Ministerio de Justicia, que se pleitee menos para descongestionar la justicia, además de recaudar 306 millones de euros para sufragar, asegura, la justicia gratuita. Pero si los agentes judiciales coinciden en que el sistema está colapsado, reclaman "otra opción" y alegan que "pagando impuestos no se arregla esto", como rezaban ayer varios carteles pegados por los procuradores a las puertas del Palacio de Justicia del Prado durante la concentración de protesta.

El manifiesto conjunto de jueces y fiscales, leído en la concentración por el delegado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Reinoso, también hace hincapié en la necesidad de aumentar "la planta con jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea" e invertir en la justicia para "paliar el abandono y la lamentable situación en la que se encuentran los juzgados y las fiscalías debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales".

Las concentraciones de ayer, celebradas en toda España, fueron convocadas por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales integrada por las diferentes asociaciones que aglutinan a estos profesionales y que, como reconoció el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, tiene sobre la mesa otras medidas de presión, como una huelga en diciembre, si bien admitió que "no están suficientemente maduras aunque, si así se acuerda, indudablemente se llevarán a cabo".

El malestar de los jueces no es solo contra la ley de tasas ya en vigor -aunque aún no se están cobrando porque la norma se publicó en el BOE el miércoles sin estar listos los impresos de comprobante de pago- sino contra la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerar que limita la independencia del CGPJ, el Consejo de Fiscales y la Fiscalía del Estado, y perjudica la calidad de la justica.

Para el decano de los jueces de Sevilla, "hay una preocupación en los ciudadanos que reclaman una justicia de calidad, que es un derecho. Por eso estamos pidiendo un incremento de la inversión e la administración de justicia". La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, alertó contra el deterioro del sistema.

Aunque la concentración fue convocada por jueces y fiscales, el Colegio de Abogados de Sevilla -que ya celebró una la semana pasada en su sede antes de que el Consejo de Gobierno aprobara la ley- remitió una carta a sus asociados instándoles a adherirse a ella y fueron muchos los letrados que acudieron. Su decano, José Joaquín Gallardo, rechazó una norma que calificó de "precipitada, inasumible y que supone un atentado contra los pilares del Estado de Derecho", por lo que pidió al Gobierno que "rectifique" y consensúe una nueva ley.

El Colegio de Procuradores convocó su propia protesta una hora y media antes que la de jueces y fiscales, aunque muchos se quedaron también a ésta. Su decana, María Ángeles Muñoz, insistió en que el cobro de tasas "no es la fórmula para descongestionar los juzgados" y tildó la ley de inconstitucional. Varias organizaciones han pedido a la Defensora del Pueblo que la recurra y el PSOE también lo estudia.

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