Jueces para la Democracia avala la legalidad del decreto antidesahucios

La asociación considera que la norma se ajusta a la Constitución. El Estatuto, afirma, otorga a Andalucía las competencias en materia de vivienda.

el 18 jul 2013 / 22:20 h.

En Andalucía se producen unos 45 desahucios al día. / Antonio Acedo En Andalucía se producen unos 45 desahucios al día. / Antonio Acedo En pleno debate sobre si el decreto andaluz antidesahucios es o no legal –tras el recurso del Gobierno ante el Constitucional que paraliza la norma durante cinco meses– la asociación Jueces para la Democracia ha dado su aval sin reservas a la ley aprobada por la Junta. El decreto, aunque está suspendido, continúa su trámite legislativo en el Parlamento. Ayer la Cámara dio un paso más al aprobar, con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP, el dictamen de esta ley, que ampliará la protección frente a los desalojos a los autónomos, a quienes hayan avalado la hipoteca de un familiar con su propia casa y a los firmantes de las llamadas hipotecas puente. Jueces para la Democracia es rotundo: “No concurre causa objetable de inconstitucionalidad” ni en la obligación de dar un uso habitacional a las viviendas, ni en las multas a las casas vacías, ni en las expropiaciones a la banca de los pisos donde vivan familias en riesgo de exclusión que vayan a ser desahuciadas. Todos estos aspectos los recoge el polémico decreto de la función social de la vivienda que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha llevado al Constitucional porque, según alega, vulnera el derecho a la propiedad e invade competencias estatales. La asociación de jueces recuerda que Andalucía, “conforme al artículo 56 del Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo”. El Estatuto también otorga a la comunidad la “competencia en materia de expropiaciones”, es decir, debe determinar “los supuestos, las causas y las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria”. Este colectivo añade que la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010 “invoca el artículo 56.1 del Estatuto para delimitar el ámbito regulador, esto es, garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, lo que incluye la posibilidad de que las leyes sectoriales autonómicas puedan delimitar el contenido del derecho de propiedad”. En definitiva, para Jueces para la Democracia, “el derecho de propiedad debe cumplir la función social que le es propia, esto es, satisfacer necesidades reales de vivienda”. La asociación recuerda que la sentencia del TC sobre la reforma agraria en 1987 fijó que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer límites al mismo mediante leyes estatales o autonómicas.

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