El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones supuestamente falsas.
Igualmente, la juez Mercedes Alaya, titular de esta instancia judicial, ha ordenado a la Policía Judicial que investigue la elaboración de los expedientes que la Administración andaluza le había entregado relativos a ayudas sociolaborales y expedientes de regulación de empleo relacionados con 67 empresas.
La juez Alaya cita a declarar a 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas que previamente ya han comparecido ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el día 8 de julio han sido llamados a prestar declaración los vecinos de Camas (Sevilla) Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto. Este último, de hecho, dimitía como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado.
LOS PREJUBILADOS DE CAMAS
El día 14 de julio, igualmente, han sido llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, además, eran miembros de la Agrupación socialista de Camas.
Ya el 9 de septiembre, la juez ha llamado a declarar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.
"AMIGOS" DE FRANCISCO JAVIER GUERRERO
Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y "amigo" también del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Antonio González Pérez.
RECLAMA REVISAR LA DOCUMENTACION
En este último auto, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, la juez Mercedes Alaya también ordena a la Policía Judicial que examine la documentación entregada por el Gobierno andaluz en cuanto a la tramitación y concesión de 67 ayudas sociolaborales o expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas de Andalucía.
La juez, que ya anteriormente advertía de que tal documentación constituye "un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la Administración", al carecer del "menor orden lógico o cronológico", reclama una revisión de toda la documentación al "pensar en una construcción o reconstrucción apresurada" precisamente con motivo de su petición.
TRAMA FRAUDULENTA
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.
Con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
