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'Juicio político' al juez Tirado

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, se despachaba el fin de semana con unas declaraciones en las que calificaba de injusto y cruel el trato "político, social y mediático" recibido por el juez Rafael Tirado como consecuencia de su actuación en el caso de la niña Mari Luz.

el 15 sep 2009 / 07:57 h.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, se despachaba el fin de semana con unas declaraciones en las que calificaba de injusto y cruel el trato "político, social y mediático" recibido por el juez Rafael Tirado como consecuencia de su actuación en el caso de la niña Mari Luz.

El letrado denunció la injerencia del poder político en la tramitación del expediente abierto contra él por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tildó de lamentable que miembros del Gobierno se pronuncien sobre la supuesta sanción leve que recaerá sobre el magistrado. Antes que nada, una precisión: al juez se le ha abierto un expediente por falta muy grave.

El castigo que se contempla para este tipo de faltas oscila entre la suspensión del cargo, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial, y para nada acarrean una simple multa que, en cualquier caso, está por determinar. Dicho esto, conviene deslindar entre los diferentes tratos que está recibiendo el juez Rafael Tirado. En atención al impacto de lo ocurrido -el asesinato de una niña de cinco años-, la clase judicial sevillana tiene que entender que la sociedad, sin caer en linchamientos mediáticos, reclame sanciones ejemplares para quien dejó que un sujeto como Santiago del Valle se pasease por la calle sin cumplir la condena dictada contra él.

Otra cosa bien distinta es que recaiga sobre el magistrado toda la culpa de lo ocurrido, ya sea por negligencia o por falta de recursos humanos y materiales, o que soporte cómo la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia reclaman al CGPJ que le castigue con dureza. En eso tienen razón. El Gobierno querrá una pena grave, pero lo importante es que el procedimiento se resuelva ajustándose a las leyes y con todas las garantías con las que se dota el Estado de Derecho. En este caso, como en tantos otros, se debe pedir justicia, no ejemplaridad.

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