Economía

Frente común para pedir al Gobierno que paralice el recurso

La Junta acuerda una declaración conjunta con la CEA, los sindicatos, Diputación, varios ayuntamientos y empresas mineras para que el Gobierno no bloquee un proyecto de inversión y empleo.

el 17 mar 2014 / 19:14 h.

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AZNALCOLLAR La Junta de Andalucía, la patronal CEA, los sindicatos UGT y CCOO, la Diputación, los ayuntamientos de Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Ronquillo y El Madroño, junto con la asociación minera Aminer, acordaron ayer una declaración en la que instan al Gobierno central a desistir de su intención de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que paralizaría el concurso internacional abierto con «nefastas» consecuencias para el empleo y la inversión. Este frente común está encabezado por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, quien aseguró, tras conversar brevemente con el ministro de Hacienda, que estaba en Sevilla, que ve «esperanzas» de que no se bloquee el concurso porque el Gobierno finalmente no presente el recurso aprobado en el último Consejo de Ministros. Cristóbal Montoro dijo así que el Gobierno ha recurrido el decreto de la Junta para asegurar sus competencias administrativas y las garantías ambientales, pero en ningún caso para paralizar este proyecto minero. «Lo que se ha producido es un problema de competencias y por tanto, no es un problema singular para esta mina, es un problema de definición de competencias estatales y autonómicas», señaló el ministro. Montoro explicó que el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad «de orden de competencias» contra este decreto de la Junta lo que, en su opinión, nada tiene que ver «con ningún tipo de iniciativa política para frenar» este proyecto minero. Así, aseguró que el Gobierno también desea la reapertura de esta mina, que en abril de 1998 protagonizó el mayor desastre ambiental de Andalucía al romperse su balsa de residuos tóxicos que contaminaron el cauce del río Guadiamar, pero matizó que se debe realizar «con todas las garantías, no sólo jurídicas, legales y de competencias, sino también medioambientales». El consejero de Justicia, Emilio de Llera, aseguró no entender la actitud del Gobierno central sobre el recurso al TC según «una ley de 1973, preconstitucional y de dudosa constitucionalidad», una cuestión que no le parece «razonable». La declaración conjunta insta al Gobierno a que no presente el recurso y se articule una solución por la vía de la negociación, mediante la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado que regula el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, «evitando así la vía judicial, pues este camino puede retrasar sine die la reactivación de la actividad minera». Además, mencionó los perjuicios que un conflicto de competencias entre administraciones va a generar tanto para las empresas, «que a falta de un mes para que concluya el plazo de presentación de propuestas ya tienen avanzados sus respectivos proyectos», como para la imagen de Andalucía como territorio atractivo para inversiones nacionales e internacionales. El texto insta a mantener el consenso político en torno a la actividad minera en Andalucía, de manifiesto en el respaldo «unánime» de todos los grupos con representación en el Parlamento a la reapertura. La Asociación de Empresas Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y Servicios (Aminer) alertó de las «graves consecuencias» que para el futuro de la minería en Andalucía puede tener un conflicto entre Administraciones y expresó su inquietud por su repercusión en el contexto minero internacional. La asociación se ha ofrecido para mediar entre ambas. El PP-A ofreció diálogo y precisó que el recurso del Gobierno contra el decreto «no va contra Andalucía», sino que pretende garantizar que el proceso se lleve a cabo «con total tipo de garantías legales». El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, criticó que el Gobierno central no ha tenido «la más mínima lealtad» con el Gobierno andaluz, al que no ha hecho «ni una llamada» antes de recurrir su decreto. Y para el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, el PP «se va a arrepentir» del recurso porque le puede surgir «un Gamonal en Andalucía», ya que hay «mucha desesperación en la comarca y había esperanza para la reactivación económica».

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