Ya lo adelantó el PSOE de Sevilla. El protocolo de convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y Altadis para recalificar los terrenos de la antigua fábrica y convertirla en un complejo con equipamientos públicos, hoteles, comercios y bares tiene pegas urbanísticas y legales, según la Junta. Por eso el Gobierno local y el andaluz (que tiene que dar luz verde al cambio en el Plan General de Ordenación Urbanística) acordaron ayer negociar para mejorarlo. Altadis no estará en esa mesa, así que habrá que esperar para saber qué opina de los cambios que se puedan plantear. Si es que se llega a un acuerdo.
El principal escollo es el impacto visual sobre la lámina del río de las dos torres de siete y ocho plantas que el protocolo permite levantar a la multinacional, que venderá al mejor postor sus 31.000 metros cuadrados de uso terciario (hotelero, de restauración y comercial).
Pero eso no es lo único. En la reunión que mantuvieron ayer durante alrededor de una hora el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), ésta también planteó la necesidad de que haya «algunos elementos singulares más allá de los efectos comerciales» y de que se cuiden las zonas verdes. Y es que el parque de Manuel Ferrand, junto a la Glorieta de las Cigarreras, desaparecería con la construcción de uno de los edificios privados.
Tras la cita, el propio alcalde defendió que los edificios de San Sebastián Elcano, «de detrás» de los suelos en cuestión, son más altos que los previstos a la orilla del río y que no se perderán zonas verdes, aunque sí cambiarán de ubicación, habrá un «replanteo». De hecho, están previstos en el interior del recinto, dijo Zoido, que incluso garantizó que «habrá más zonas verdes de las que hay en la actualidad». El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, calificó la reunión entre el al alcalde y la presidenta de fructífera y positiva y explicó que la Junta tiene «dudas», de ahí que en la tarde de ayer hubiera un primer contacto entre el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Maximiliano Vilchez, y la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. Acordaron que seguirán las reuniones técnicas.
Vázquez dejó claro que «es posible reorientarlo hacia la legalidad urbanística» y defendió que en el proyecto no caben viviendas (no están previstas), que el exceso de edificabilidad puede tener un impacto visual sobre la lámina del río, que el beneficio tiene que revertir en la ciudad, que el proyecto se tiene que vincular al empleo, que debe mejorar el acceso al río, que dote de equipamiento al barrio y que se mejore con estos «elementos singulares más allá de los efectos comerciales». Es decir, que la Junta ha asumido prácticamente todas las alegaciones que ya planteó el portavoz municipal socialista, Juan Espadas. Con todo, el alcalde se ha mostrado «satisfecho» con una reunión, en la que defendió algunas bondades del proyecto de convenio con Altadis, como la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona privada con más de 500 plazas «que viene bien para Los Remedios y Triana» y la recuperación de las riberas del río con un paseo fluvial que ahora está «degradado». Y, además, subrayó que el Ayuntamiento no paga ni un euro. «Ni se compensa a Altadis con otras parcelas», apostilló. En concreto, la multinacional que cerró en 2007 la fábrica de tabaco más antigua del mundo, la de Sevilla, se quedaría con 31.000 metros cuadrados que vendería para usos terciarios, mientras que el Ayuntamiento se quedaría con los dos únicos edificios que no se derrumbarían: la capilla de las Cigarreras y el inmueble principal que sería la sede del distrito con instalaciones para mayores y guardería, una comisaría y un centro cultural. En total, el Consistorio dispondrían de 23.000 metros cuadrados, de los que 15.000 serían para equipamientos públicos y 8.000 para usos terciarios que no se han concretado.
Zoido defendió que ayer asistió a la reunión con Díaz «con respeto y lealtad institucional» y que en ella se puso de manifiesto que para ambas partes que lo que de verdad importa «es el beneficio de la ciudad por encima de los partidos».
