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Zoido y Cortés se dan una semana para evitar el desalojo forzoso de Utopía

Ni el alcalde ni la consejera quisieron comparecer tras la reunión y fue el Defensor del Pueblo quien explicó que pactaron crear una comisión para buscar una salida a las familias ocupas.

el 05 mar 2014 / 15:54 h.

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cortes-zoido-viviendaUna reunión al máximo nivel, con alcalde y consejera, máxima expectación y cero resultados, por ahora. La cita de ayer entre Juan Ignacio Zoido (PP) y Elena Cortés (IU) sólo sirvió para lograr un aplazamiento del desalojo forzoso de las 30 familias de la Corrala Utopía dictado ya por los tribunales. Una tregua de «unos días o una semana», el tiempo marcado para que las administraciones logren una solución que evite la «violencia o las consecuencias indeseables» de la actuación policial. Ni el alcalde ni la consejera  de Fomento y Vivienda comparecieron ayer ante la prensa para valorar la reunión. Fue el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien explicó lo acordado: crear una comisión de técnicos para que en una semana se logre el desalojo voluntario de los ocupas. Ibercaja, dueña de los pisos, no estaba invitada ayer.

Dos años han tardado las administraciones en sentarse para buscar una salida, la misma que esperan las familias de Nuevo Amate o las 700 personas inscritas en la lista de espera de un piso social municipal. Entre tanto, la Corrala Utopía ha sido hasta portada de medios de comunicación internacionales. Razón de más para que las administraciones quieran evitar un desalojo a la fuerza de estas familias.

No obstante, el gobierno de Juan Ignacio Zoido sostiene que estas personas que ocuparon ilegalmente las viviendas de Ibercaja tienen que recibir el mismo trato que las otras muchas que esperan un alquiler social. Y ahí está el problema porque no hay pisos para todos y los trámites son muy lentos.

Maeztu informó de que él mismo informará a la Fiscalía, a los tribunales y a la Delegación del Gobierno de que ambas administraciones trabajarán para hallar una solución, con el fin de paralizar el desalojo. Para el Defensor, así se daría «cumplimiento al auto» judicial que indica que para el desalojo se salvaguarden a menores, ancianos y familias en riesgo de exclusión social. Flanqueado por la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y la concejal de Familia, Bienestar Social y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, eludió hablar de plazos concretos o de cuáles podrían ser las alternativas que se ofrezcan a estas familias, pero sí insistió en que la «premisa básica» es cumplir la ley y que lo que se acuerde tenga «carácter definitivo». El Defensor incluso rechazó cualquier propuesta que suponga «el peregrinar» de estas familias.

Se intentará evitar «el efecto llamada», que más familias opten por la ocupación ilegal como medio para conseguir una vivienda, para lo que los ocupantes de la Corrala Utopía recibirán un trato individualizado. Y, aunque la Junta lo barajó, no se ve «fácil» realojar a todos los ocupantes en viviendas de titularidad pública, ya que hay otras familias en espera que pueden tener más derechos, según Maeztu.

A las puertas del Ayuntamiento, muchas de estas personas recibieron con «indignación» la acordado por las administraciones: «Sólo buscan la foto», «queremos una solución y no este sinvivir», gritaba Aguasantas, mientras que Carmen explicaba que ella cotizó 40 años y ahora sólo reclama «un papel que certifique que se paralice el desalojo». Toñi incluso apuntó que la Policía había hecho un simulacro cerca «mientras estamos con el corazón en vilo». Todas coincidieron en que la eficacia de los políticos es «nula».

Las viviendas, en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja a través de la sociedad inmobiliaria Residencial Murillo, fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando falta de trabajo y de recursos y la necesidad de contar con un techo. Ibercaja les ofreció su programa Llaves solidarias, para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades, pero sólo cinco de ellas se han acogido porque tiene una vigencia de un año.

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